Critican capacitación sobre “igualdad” que afectaría a la Iglesia tras fallo de Corte IDH

Si bien Pavez fue promovida a otro cargo en el colegio, la mujer decidió emprender acciones legales en la justicia chilena, pero al no tener resultados favorables, acudió a la instancia internacional. Su caso ingresó a la Corte IDH en septiembre de 2019.

Entre las reparaciones exigidas por la Corte IDH contra el Estado chileno, una se refiere a la "garantía de no repetición", es decir, que el Estado chileno debe implementar un plan de capacitación, en el plazo de dos años, para "las personas encargadas de evaluar la idoneidad del personal docente y a los funcionarios judiciales, de todas las instancias, que estén llamados a conocer recursos de protección de derechos fundamentales sobre el alcance y contenido del derecho a la igualdad y no discriminación, incluyendo la prohibición de discriminación por orientación sexual".

Tomás Henríquez, director de área para América Latina y el Caribe de ADF International, explicó que lo que ordenó la Corte IDH "en este caso fue señalar que es el Estado el que tiene que establecer una capacitación para las personas que vayan a estar encargadas de evaluar la idoneidad del personal docente, en el caso de la Iglesia Católica el obispo de la diócesis o quien haya sido delegado a esta función".

"¿Cómo es que va a cumplir el Estado? Eso es algo que no está regulado por la Corte ni tampoco está regulado en el Estado, y es una discusión pendiente", aseguró el abogado chileno a ACI Prensa, en una reciente entrevista.

Además, Henríquez considera la disposición de la Corte IDH como "una imposición absolutamente inaceptable", porque es la Iglesia, "en el ejercicio de sus atribuciones propias, la que determina quiénes son los que enseñan la fe".

"Lo que me preocupa de este entrenamiento sobre género no es que vayan a cambiar la opinión de los miembros del clero, sino lo que implica desde el punto de vista simbólico, que es la pretensión de subyugar a la Iglesia, una entidad anterior a la existencia del Estado, y hacerla operar como si fuera una entidad estatal", criticó el directivo de ADF International.

Mons. González, obispo de la diócesis donde ocurrió la controversia por el caso Pavez, señaló a ACI Prensa que lo ordenado por la Corte IDH "no se ha cumplido y seguramente no será posible cumplir tan fácilmente".

"No veo cómo podría ser posible que un organismo internacional o un órgano estatal someta a un obispo o a un vicario a una especie de curso para no discriminar. Mi opinión personal es que no se puede hacer", sostuvo.

Para el prelado, es "inadmisible que en la competencia exclusiva y propia de las confesiones religiosas se introduzca alguien externo a ellas para calificar el juicio que hace la autoridad religiosa respecto de la idoneidad moral".

"Es muy importante la idoneidad moral que tenga una persona para transmitir la fe en el aula de clase. En el caso de la profesora Pavez, lo que sucedió es que se dio una falta de idoneidad moral, porque ella empezó a vivir de una manera absolutamente contraria a la fe de la Iglesia católica y a su enseñanza moral", explicó.

Refiriéndose a la orden de la Corte IDH, manifestó que en la actualidad "no sabemos exactamente qué vaya a suceder, pero lo grave es que esto puede mover a la autoridad educacional a introducir unilateralmente esta decisión de la Corte, que los obispos no estamos dispuestos a aceptar".

Finalmente, Mons. González reiteró que "es posible que un profesor tenga las aptitudes para impartir clases de religión, pero puede suceder, como en el caso Pavez, que no tenga la idoneidad moral para transmitirla".

En abril de 2022, el director adjunto de ADF International, Robert Clarke, precisó que la decisión de la Corte IDH en este caso "no se ajusta al derecho internacional, que protege claramente la autonomía de las comunidades religiosas, y constituye una excepción si se compara con casos similares decididos en otros tribunales de derechos humanos".

"Una vez que el Estado se arroga el determinar quién está calificado para enseñar clases de educación religiosa confesional, ¿por qué no se inmiscuiría también en decidir qué sacerdotes o ministros de culto son aceptables y, por esa vía, intentar modificar las creencias más arraigadas de las comunidades religiosas autónomas?", cuestionó Clarke.