Alertan de “ofensiva sostenida” contra la libertad de expresión en México

Aunque el caso no guarda relación alguna con ningún proceso electoral, la Sala Superior del TEPJF podría sentenciar definitivamente a Cortés en los próximos días, determinando una multa y que sea incorporado en el "Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género".

El líder profamilia no es el único que se ha visto sancionado por la justicia mexicana tras denuncias de Luévano.

El diputado Gabriel Quadri, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), fue sentenciado por la Sala Superior del TEPJF a fines de 2022, luego de que denunciara en su cuenta de Twitter que los congresistas "trans" ocupan los escaños reservados por ley para mujeres.

Teresa Castell, igualmente diputada del PAN, ha sido también sentenciada en primera instancia por el TEPJF a inicios de mayo, luego de llamar "hombre" a Luévano.

Henríquez indicó a EWTN Noticias que las denuncias de Luévano y los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación generan "un efecto intimidatorio enorme dentro de la sociedad mexicana".

"Quienes hoy día ostentan el poder a través de estas instituciones jurídicas, como es el caso del Tribunal Electoral, lo que buscan es ganar estas discusiones, estos debates acerca de qué es lo que queremos como sociedad, no por la vía de la persuasión, sino por la vía de imponer su voluntad", criticó.

A los "disidentes u opositores de su opinión" los señalan "como si ellos fueran simplemente autores de violencia, equiparándolos de alguna manera a quienes cometen agresiones físicas en contra de mujeres, hombres, niños o quien fuere", criticó.

El jurista también manifestó su crítica por la cercanía mostrada entre Salma Luévano y al menos uno de los magistrados que tendrán que pronunciarse sobre el caso de Rodrigo Iván Cortés.

El 2 de mayo, Luévano compartió una foto junto a Felipe Fuentes Barrera, uno de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF que deberá decidir la sentencia definitiva de Cortés y Castell.

Para Henríquez, "nosotros como organización, como abogados, vemos con mucha preocupación que existen actitudes de parte de miembros concretos del Tribunal, y de la Sala que tiene que dictar la sentencia (...) que son contrarias a la ética judicial y al derecho humano básico que tiene toda persona, de ser juzgado por un tribunal imparcial".

"Esta es una garantía judicial mínima que, entre otras cosas, exige que los tribunales de justicia y sus miembros guarden una conducta que manifieste al resto de la sociedad, exprese esa imparcialidad, que van a van a ser juzgados por alguien que no ha tomado una decisión a priori respecto de su caso, o que tiene vínculos tales con una de las partes que dan a entender que no recibirán verdadera justicia", señaló.