México podría ser llevado ante la Corte IDH si ratifica fallo contra líder pro familia

Salma Luévano ingresó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el órgano legislativo federal de México, de la mano del partido Morena, liderado por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, tras las elecciones de medio término de 2021.

Luévano promovió la denuncia contra Rodrigo Iván Cortés y el FNF luego de recibir críticas por aparecer con ropas similares a las de un obispo en la Cámara de Diputados, para presentar un proyecto legislativo que, según señaló, busca hacer "entrar en razón" a líderes religiosos, entre ellos obispos y sacerdotes, para frenar lo que llamó "discursos de odio".

En respuesta, el Frente Nacional por la Familia y la plataforma Iniciativa Ciudadana denunciaron a través de redes sociales que "el diputado transexual Salma Luévano" con su acto "agravia a los creyentes de una religión, pero insulta a toda la cristiandad".

Por su parte, Rodrigo Iván Cortés manifestó en un video que Luévano es "un hombre que se auto adscribe mujer, que exige respeto, pero es justo exactamente lo que no da; pide aquello que no da, con una falta de respeto tremenda".

Estas y otras publicaciones críticas de Luévano fueron eliminadas de las redes sociales por orden de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) en noviembre de 2022.

Se espera que la Sala Superior del TEPJF agende nuevamente la discusión de la apelación de Cortés y el FNF en los próximos días.

"Una terrible injusticia"

En diálogo con ACI Prensa, Rodrigo Iván Cortés anunció que, de ser rechazada su apelación, llevaría su caso "a instancias internacionales", ante "el Sistema Interamericano" de Derechos Humanos.

En México, en materia electoral, el máximo órgano judicial es la Sala Superior del TEPJF, mientras que en otros casos las apelaciones pueden llegar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para Cortés, una de las irregularidades del proceso en su contra es precisamente que se trata de "un caso que no tiene nada que ver con lo electoral".

Luévano, recuerda, es "una persona integrante de la Cámara de Diputados Federal, que no es candidato a absolutamente ningún cargo, sino que está ejerciendo un cargo. En mi caso, tampoco soy candidato a nada, ni se da en el marco de ninguna campaña".

"Por lo tanto, este caso no debería haber sido aceptado, porque no es materia de lo electoral", señala.

"Si la Sala Superior decide que quede en firme la sentencia de la Sala Regional, estaría consumando una terrible injusticia", asegura.

Cortés indica que, de ser rechazada la apelación, se "estaría pasando por encima de la Constitución y de tratados internacionales", entre los que se encuentra el Pacto de San José, como también se conoce a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Sala Especializada que lo sentenció, afirma el líder pro familia, "ya vulneró dos elementos que son fundamentales", pues "se estarían vulnerando, por un lado, la libertad de expresión, y por el otro, el derecho de todo ciudadano a poder participar en la conformación democrática de las leyes en México".

Cortés recuerda que "el marco en el que se da este caso" fue "el video que hice como presidente del Frente desde la Cámara de Diputados en el mes de septiembre, cuando Luévano, con disfraz de 'drag' papisa u obispa presenta una iniciativa que va claramente en contra de la libertad religiosa".

El uso del término "discurso de odio", advierte el presidente del FNF, apunta a "prohibir y castigar el discurso que ellos odian".

Meses atrás, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un caso también promovido por Salma Luévano, falló contra el diputado federal Gabriel Quadri, del opositor Partido de Acción Nacional (PAN), que criticó a través de sus redes sociales que personas "trans" ocupen los espacios reservados para las mujeres en el Congreso de la Unión.

La sanción podría llevar a que Quadri vea truncada su carrera política y no pueda postular a cargos públicos en los próximos años.

Para Cortés, "con claridad se ve que se busca cancelar la voz, pero también prohibir la representación", algo que, indica, se ve "en los regímenes autoritarios".