El Papa Francisco ha suprimido la posibilidad de que los Cardenales y otros altos cargos del Vaticano dispongan gratuitamente o con condiciones ventajosas de las viviendas que son propiedad de la Santa Sede.
El propósito de esta decisión es favorecer el compromiso de la Santa Sede en su servicio a la Iglesia Universal y a los necesitados, "en un contexto económico como el actual, de particular gravedad". La medida afecta a los Purpurados, así como a los jefes de dicasterio, presidentes, secretarios, subsecretarios, directores y equivalentes e incluso auditores del Tribunal de la Rota Romana.
En concreto, el Santo Padre instó a "que todos hagan un sacrificio extraordinario para destinar mayores recursos a la misión de la Santa Sede", aumentando así los ingresos que provienen de la gestión de los bienes inmuebles.
La decisión del Santo Padre deja sin efecto cualquier disposición previa que prevea el disfrute del uso gratuito o con condiciones favorables de alojamiento a las citadas autoridades.
El rescripto también prohíbe el pago de la llamada "contribución de alojamiento" o de otras contribuciones similares que buscan compartir el alquiler o los gastos de vivienda.
Según el documento, "las entidades propietarias deberán aplicar a los sujetos anteriores los precios normalmente aplicados a quienes no tienen encargos en la Santa Sede o en el Estado de la Ciudad del Vaticano".