Denuncian intento de amedrentar a obispos de Bolivia por su papel en la crisis de 2019

Por el caso "Golpe I", en diciembre de 2022 fue detenido el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, acusado del delito de terrorismo.

En ese mismo proceso, las autoridades solicitan ahora que declaren los prelados que tuvieron participación durante 2019 en las reuniones de pacificación del país. 

Entre ellos se encuentran Mons. Ricardo Centellas, entonces vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB); Mons. Aurelio Pesoa, exsecretario general adjunto de la CEB; y Mons. Giovanni Arana, Obispo Auxiliar de El Alto.

El Arzobispo de La Paz, Mons. Percy Galván, dialogó este domingo con la prensa local y reafirmó la postura de la Conferencia Episcopal "de estar siempre a disposición para aclarar cualquier duda sobre este tema, el de nuestra participación como obispos y el de la participación de la Iglesia en aquellos momentos tan difíciles y críticos que le tocó vivir a nuestro país".

Sobre los sucesos de 2019, señaló: "La Policía se había amotinado, el Ejército se había encuartelado, estábamos en una desprotección total. Algo teníamos que hacer".

"Somos bolivianos, somos hijos de Dios, y hemos puesto todos nuestros buenos oficios para que alguna salida ocurra. No habrá sido la más perfecta, pero sí ha sido la que ha pacificado, en gran medida", reconoció.

"Nos quieren amedrentar, pero yo creo que es no conocer la naturaleza de la Iglesia", advirtió. "Nos dan más fortaleza, nos afirman en aquello que estamos haciendo con todo respeto y con todo cariño de nuestra Constitución, de nuestras leyes y de nuestras autoridades".

"Nosotros no vamos a actuar de ninguna manera en forma arbitraria", aseguró.

Según recoge UNITEL, el Prelado añadió: "Sabemos el tema de la persecución. Sabemos de nuestros hermanos que están privados de libertad en distintas cárceles del país, por motivos políticos, claro, con otros pretextos, se buscan pretextos como terrorismo, confabulación, golpe de Estado (...), y si eso se va a extender a la Iglesia, no sería extraño, lo hemos visto en Nicaragua, donde a un obispo lo han detenido porque no se ha querido acoger a la extradición".

"Ya somos curas viejos, nos han venido amenazando, persiguiendo. Esta historia ya es larga", señaló.

"El hecho de ser religiosos no nos impide prestar cualquier declaración. No gozamos, como falsamente se entiende, de ningún privilegio", aclaró Mons. Galván.

El expresidente de Bolivia Carlos Mesa criticó el procedimiento de las autoridades, y a través de sus redes sociales señaló que "en su afán de ocultar el fraude monumental de 2019 evidenciado por la OEA, la UE y observadores internacionales; y emulando al dictador Ortega, el MAS ahora busca perseguir a Obispos que defienden la democracia y los DDHH. La persecución política en su más cruda ejecución".

Por su parte, el también expresidente Jorge "Tuto" Quiroga advirtió que Arce se "orteguiza", en referencia al dictador nicaragüense Daniel Ortega, al "intentar crucificar a Obispos, a los que el MAS pidió mediación el 2019".

Además, consideró que el Papa Francisco "debe pronunciarse sobre la persecución a la Iglesia en Bolivia".

En 2021, la propia Conferencia Episcopal de Bolivia presentó al Papa y a la Fiscalía General del Estado un documento que recoge la participación de la CEB en la mencionada crisis política.

En ese material, los obispos explican las negociaciones que se llevaron a cabo en la Universidad Católica, antes de la asunción de Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia, y rechazaron toda acusación vinculada a "un supuesto golpe de Estado".

Al respecto, el 12 de febrero el Arzobispo Emérito de Sucre, Mons. Jesús Juárez, indicó a la Agencia ANF que no ve necesario que las autoridades religiosas sean convocadas a declarar, pues "la Iglesia ya puso todos sus buenos oficios a petición y también hizo un documento, en el que deja claro todo lo que ha sucedido. Que no repitan todo como disco rayado".