La asociación Provida en Castellón (España) denuncia el intento del gobierno regional de expulsarla de un local cedido en el que atienden a más de 300 mujeres vulnerables. "Estamos perseguidos", denuncia su vicepresidenta, Eva Vilarroig.
El Gobierno de la Generalidad Valenciana ha comunicado a Provida que revoca la cesión de un local alegando "la no utilización por parte de la entidad ocupante para el uso destinado".
La vicepresidenta de la Asociación Castellonense para la Defensa de la Vida, Eva Vilarroig, detalla que la cesión se produjo el 18 de mayo de 2015 y que, en condiciones normales, no debía concluir hasta el año 2025.
En este sentido, la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad Valenciana defiende que en el convenio existe la posibilidad de "recuperar el uso del inmueble, incluso antes de finalizar el plazo inicial establecido".
Al tiempo, Vilarroig explica en conversación con ACI Prensa que en realidad el local sí está en uso, en contra de lo alegado por la Consejería. La asociación trabaja en cuatro espacios, dedicados a diferentes funciones.
Uno es de la asociación. Otro, del Ayuntamiento de Castellón. El tercero está cedido por un particular, y el cuarto es propiedad del Gobierno regional. Desde la pandemia, modificaron la organización de su uso.