21 de noviembre de 2024 Donar
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Esta sería la pena de la dictadura para el Obispo Rolando Álvarez en Nicaragua

Mons. Rolando Álvarez. Crédito: Diócesis de Matagalpa

La abogada e investigadora nicaragüense Martha Patricia Molina Montenegro explicó la situación legal de Nicaragua, y advirtió sobre la que podría ser la condena que le imponga la dictadura al Obispo de Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez.

"Para comprender lo que sucede en Nicaragua es importante saber que en mi país no existe la división de poderes ni la institucionalidad", y que "todo puede suceder, porque lo judicial no se apega al derecho; si fuera así este juicio no existiría", señaló la experta jurista en diálogo con EWTN Noticias.

"A Mons. Álvarez se le detiene por celebrar Misa, por andar exponiendo el Santísimo en las calles y por rezar el Rosario y transmitirlo en las redes sociales", recordó la investigadora.

"Fuera de eso, el obispo no hizo nada más ni las locuras que el sistema judicial está inventando", precisó.

Mons. Álvarez, crítico de los abusos de la dictadura de Ortega, fue secuestrado por la dictadura en agosto de 2022, y fue llevado a Managua, la capital del país, donde se le mantiene bajo arresto domiciliario.

En una audiencia realizada el 10 de enero, en medio de denuncias de irregularidades en el proceso, el Poder Judicial determinó que el caso de Mons. Álvarez, acusado de "conspiración" y difusión de "noticias falsas" contra el régimen, será llevado a juicio.

Molina indicó a EWTN Noticias que "a Mons. Rolando José se les está imputando dos delitos y creo que no podría ser la pena mayor de 15 años, pero del sistema judicial de Nicaragua podemos esperar cualquier cosa. No hay que asustarse".

Proceso nulo contra sacerdotes y seminaristas

El mismo día que la dictadura secuestró al obispo, también detuvo a sacerdotes, seminaristas y un laico que permanecían con Mons. Álvarez en su casa en Matagalpa.

El lunes 6 de febrero fueron condenados a 10 años de cárcel y 800 días de multa por los delitos de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional" y  "propagación de noticias falsas".

Los sacerdotes condenados son: Ramiro Reynaldo Tijerino Chávez (50), rector de la Universidad Juan Pablo II; Sadiel Antonio Eugarrios Cano (35), exvicario de la Catedral de Matagalpa; y José Luis Díaz Cruz (33), actual vicario de la Catedral de Matagalpa.

También fueron sentenciados el diácono Raúl Antonio Vega González (27); los seminaristas Darvin Esteylin Leiva Mendoza (19) y Melkin Antonio Centeno Sequeira (23); y el fotógrafo Sergio José Cárdenas Flores (32).

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Para la investigadora nicaragüense, lo ocurrido era algo "de esperar, porque el sistema de justicia nicaragüenses no se apega a lo que establece la Constitución política ni a las leyes, sino a las instrucciones del poder ejecutivo de la dictadura Ortega – Murillo".

"Los abogados hemos observado que todo el proceso ha sido nulo de principio a fin y que nunca debió realizarse, porque los religiosos jamás han cometido los delitos que actualmente se les está imputando", alertó la experta.

Molina precisó que ahora la condena se puede apelar, pero esta "va a ser denegada porque eso se ha estado viendo en otros procesos, y luego ya podría llevarse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos".

¿Por qué es nulo el proceso contra sacerdotes y seminaristas?

La investigadora destacó que "la Constitución y las leyes dicen que para que un proceso se inicie, la persona detenida tiene que ser notificada, a menos que se halle en flagrante delito, que no fue el motivo en este caso".

"También dice que ellos tienen derecho a una defensa de su propia confianza y derecho a comunicarse con su abogado privado y sus familiares. Tienen derecho a conocer el documento de la acusación, y ni siquiera eso conoce la defensa de estos sacerdotes", criticó Molina.

"Todo esto, que son principios y derechos básicos a nivel mundial y de un debido proceso, se están irrespetando en Nicaragua. De hecho los jueces hacen caso omiso", subrayó.

La especialista indicó a EWTN Noticias que "en los últimos meses también se aprobaron leyes para ser utilizadas en contra de los opositores y contra las personas que reclaman derechos humanos".

"La dictadura ni siquiera respeta esas leyes inconstitucionales", resaltó, y alertó que los funcionarios de la dictadura han simulado "un juicio que en ningún momento puede ser tal".

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