El pasado 19 de noviembre, la CEB ya se había pronunciado pidiendo una apertura al diálogo sin condicionamientos y asegurando que "es deseo de toda la población la realización del censo".
Mientras tanto, el gobierno de Luis Arce enfrenta una escalada de protestas en la provincia de Santa Cruz, la más próspera de Bolivia y un bastión opositor, paralizada por una huelga por tiempo indefinido en reclamo de un censo que redefinirá la distribución de las bancas en el Poder Legislativo.
El paro dejó a la ciudad sin transporte, con avenidas y calles bloqueadas por manifestantes; mercados, bancos y comercios cerrados, y produjo enfrentamientos entre grupos afines al gobierno, que buscaban rehabilitar el tránsito, y manifestantes a favor del paro.
La protesta de Santa Cruz amenazaba con extenderse a otras regiones del país como Beni, y Potosí y no era la única manifestación antigubernamental. Una masiva marcha de mineros auríferos que se oponen a un nuevo régimen impositivo paralizó el centro de La Paz el lunes. También marchaban los maestros por demandas sectoriales.
Los líderes de Santa Cruz reclaman que el censo se haga en 2023 para que los resultados tengan efecto en los comicios presidenciales de 2025.
Los intentos de diálogo no prosperaron el fin de semana. El fallecimiento de un manifestante y el apresamiento de tres líderes de la protesta, complicó una salida al conflicto.
La polarización en Bolivia viene desde 2019, cuando las elecciones presidenciales fueron denunciadas como fraudulentas por la Organización de Estados Americanos (OEA), y el posterior estallido social con 37 muertes, que forzó la renuncia del presidente Evo Morales.
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