Papa Francisco ordena nuevo proceso canónico en caso de abusos en colegio del Opus Dei

En los trabajos del proceso ejercerán de asesores Mirian Cortés Dieguez, rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca y el P. Federico Mantaras Ruiz-Berdejo, vicario general de la Diócesis de Asidonia-Jerez.

El Obispo de Bilbao asegura que "con este proceso se pretende depurar responsabilidades y ayudar a sanar heridas producidas".

La Prelatura del Opus Dei publicó a su vez otro comunicado en el que explica que el Tribunal Supremo "rebajó la condena de once a dos años de prisión al apreciar 'una insuficiencia probatoria y un discurso valorativo' en el proceso".

Al tiempo, subraya que "en el año 2015, la Congregación para la Doctrina de la Fe realizó una investigación, que concluyó con la inocencia del profesor".

La Prelatura además indica que el profesor ha pedido que se remita a los medios de comunicación a su abogada "para evitar interferencias de terceros en los procesos eclesiásticos y civiles abiertos", facilitando un correo de contacto. 

El comunicado manifiesta el sentimiento de "repulsa por cualquier tipo de abuso" y recuerda que hay un protocolo de protección de menores vigente en la Prelatura.

"Deseamos que este nuevo proceso ayude a sanar heridas y a arrojar una mayor claridad sobre el caso", concluye.

"No dejaré de reiterar mi inocencia"

El profesor, al conocer la noticia, ha emitido un comunicado en el que asegura que, enterado del nuevo proceso, desconoce su alcance hacia un laico, pero se muestra dispuesto a colaborar con la Santa Sede. 

"He tenido conocimiento de que se va a iniciar, por parte de la Iglesia, un proceso canónico para juzgar lo ocurrido en el llamado 'caso Gaztelueta'. No alcanzo a entender cómo se puede iniciar tal proceso a un laico, pero tengo la disposición de colaborar con las instancias competentes. No dejaré de reiterar mi inocencia si desean escucharme", ha señalado. 

El profesor se muestra también "disponible para recibir alguna comunicación oficial que me informe del proceso y sus garantías" y asegura que lleva "padeciendo más de diez años de angustia y sufrimientos injustos –en los que ha habido diversas investigaciones, también por parte de la Iglesia–, en un caso extremadamente mediatizado, otra vez, y que ha distorsionado la realidad".

Los hechos denunciados se remontan a 2009 y 2011. Tras un largo proceso judicial, el Tribunal Supremo condenó en 2020 al profesor José María Martínez Sanz a dos años de prisión, pero al ser su primera condena y no superar los dos años de pena, no llegó a ser encarcelado.

Martínez presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que no fue admitido a trámite.