La persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua se ha ido incrementando desde hace años. No en vano, los obispos alertaron de la deriva dictatorial del Gobierno de Ortega ya en el año 2014. Y, a partir de 2018, el uso de la fuerza indiscriminada ha sido moneda de cambio habitual por parte del Gobierno.
Debido al apoyo de la Iglesia Católica a los movimientos ciudadanos de oposición al régimen durante las movilizaciones de 2018 se fue incrementando la presión sobre obispos, sacerdotes y fieles laicos.
El ejemplo más claro es que quien fuera Obispo Auxiliar de Managua, Mons. Silvio Báez, vive exiliado en los Estados Unidos después de que se supiera que el sandinista Daniel Ortega había ordenado su asesinato.
También el Nuncio Apostólico en Nicaragua, Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag, fue expulsado del país en marzo de 2022, circunstancia que fue recibida desde el Vaticano con "sorpresa y dolor".
Las Mejores Noticias Católicas - directo a su bandeja de entrada
Regístrese para recibir nuestro boletín gratuito de ACI Prensa.
Click aquí
"Resulta incomprensible ya que, durante su misión, S.E. Mons. Sommertag ha trabajado incansablemente por el bien de la Iglesia y del pueblo nicaragüense" expresó la Santa Sede en un comunicado.
El Vaticano subrayó en especial la labor del Nuncio "por los más vulnerables, buscando siempre favorecer las buenas relaciones entre la Sede Apostólica y las autoridades de Nicaragua".
En el mes de julio, fue expulsada también una comunidad de las Misioneras de la Caridad, fundadas por Santa Teresa de Calcuta.
Mons. Álvarez fue encerrado en el obispado de Matagalpa en arresto domiciliario de facto, sin juicio, junto a cinco sacerdotes, tres seminaristas y tres laicos desde primeros del mes de agosto. Unos días antes el régimen sandinista clausuró las radios católicas del país por la fuerza.
Desde el pasado domingo 14 de agosto, cinco sacerdotes nicaragüenses han sido acosados por policías, uno de ellos fue detenido y EWTN Noticias pudo confirmar este 17 de agosto que otros dos han sido trasladados de su parroquia para evitar que sean llevados por las autoridades al servicio de Ortega y Murillo.
En la madrugada del 19 de agosto la Policía irrumpió en el Obispado y trasladó por la fuerza al Obispo y sus acompañantes a Managua, en un secuestro alentado por el Gobierno.