Iglesia en Canadá venderá 42 propiedades para indemnizar a víctimas de abusos

"Durante este momento difícil y desafiante, estoy extremadamente agradecido con todo el clero y los feligreses, que están trabajando arduamente para hacer avanzar este proceso mediante el cual buscamos cumplir con nuestras obligaciones legales con las víctimas de abuso y reestructurar nuestra diócesis de manera positiva y manera sostenible", continuó.

Finalmente, Mons. Hundt pidió a los fieles que sigan uniéndose a él "para orar por la gracia sanadora de Dios para las víctimas de abuso y por los dones de comprensión, sabiduría y paciencia para todos nosotros mientras continuamos atravesando este tiempo de reestructuración y cambio".

Sobre los casos de abuso de menores

En 1987, varios hombres que se criaron en el Orfanato Mount Cashel denunciaron que, entre las décadas de 1950 y 1970, sufrieron abuso físico y sexual. También dijeron que después de que la Arquidiócesis se dio cuenta del abuso, removió a los hermanos culpables, pero no tomó ninguna otra acción inmediata.

En 1989, la Arquidiócesis de San Juan de Terranova encargó una investigación sobre el abuso sexual de niños. La comisión encargada criticó duramente a la administración arquidiocesana por su manejo de las denuncias y dijo que adoptó una política de respuesta "mínima", que a menudo equivalía solamente a enviar a los victimarios fuera de la provincia.

El Arzobispo local de aquel entonces, Mons. Alphonsus Penney, renunció como resultado de los hallazgos de la comisión.

El escándalo de abuso se reveló a la opinión pública ese mismo año, lo que resultó en el cierre del orfanato en 1990. La propiedad fue demolida en 1992 y luego vendida como parte de un acuerdo judicial que ordenaba una compensación económica para las víctimas.

Tanto la Arquidiócesis, la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos y los Hermanos Cristianos han promulgado desde entonces políticas destinadas a la prevención del abuso sexual infantil.

Los Hermanos Cristianos se disculparon formalmente con las víctimas en 1992 y luego pagaron 16 millones de dólares en compensación. Algunos de los perpetradores fueron condenados por la justicia canadiense.