17 de diciembre de 2024 Donar
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Principal partido de la oposición no recurre la ley de cárcel para los provida en España

Camiseta del movimiento civil que reivindica poder rezar frente a los negocios de aborto en España. Crédito: Nicolás de Cárdenas

El Partido Popular (PP), el principal grupo político opositor al gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha decidido no recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley que contempla penas de cárcel de tres meses a un año para los grupos provida que ayudan a las mujeres en riesgo de aborto o rezan a las puertas de los abortorios. 

La renuncia a la vía del recurso de inconstitucionalidad se basa en que "no se aprecian cuestiones de inconstitucionalidad" sobre el texto legal que modificó el Código Penal, tal y como publica el diario El Debate.

La decisión es contradictoria con la postura mantenida por los portavoces de la formación centrista en el Congreso y el Senado durante los trámites parlamentarios. 

Así, la diputada María Teresa Angulo aseguró en el Congreso que resultaba "a todas luces desorbitado el establecimiento de un nuevo tipo penal con esta finalidad puesto que, por un lado, obvia fundamentos básicos en el Derecho Penal como el principio de intervención mínima y por el otro, podría entrar en colisión con derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española, como el de reunión y manifestación".

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado, el exmagistrado del Tribunal Supremo Fernando de Rosa, defendió que la ley que considera acosadores a los provida es una "aberración jurídica" y una muestra del "sectarismo del PSOE y sus socios".

"Ustedes no están ponderando los derechos, sino que están utilizando el Código Penal como instrumento para la difusión de su ideología y como mecanismo para señalar a las personas que no piensan como ustedes", añadió el senador del PP. 

Fernando de Rosa, preguntado por ACI Prensa, ha manifestado desconocer los motivos que han llevado a la dirección de su partido a cambiar de criterio en el plazo de unas semanas sobre esta cuestión. "Yo lo defendí como pude", ha alegado. 

La renuncia del Partido Popular a tratar de revertir la modificación del Código Penal que señala la labor asistencial de los provida como acoso choca con otros pronunciamientos públicos de algunos de sus parlamentarios. 

Es el caso del senador Javier Puente, que publicó el pasado mes de junio un artículo en el diario ABC en el que consideraba que, detrás de la tramitación de esta ley, se halla una confluencia de intereses político-crematísticos: "El 'lobby' de estos negocios privados tiene como aliado al Gobierno". 

Al tiempo, se mostraba dispuesto a ser él mismo víctima de esta ley: "No me van a callar. Prefiero estar en la cárcel a que impidan mi derecho a la libertad de expresión. Estoy dispuesto a defender y promover la vida (...)  asumiendo todas las consecuencias. Y lo haré donde considere oportuno, en las puertas de una clínica abortista o en el Parlamento, con libertad". 

"Les aseguro que si finalmente tengo que entrar en prisión por salvar una única vida ya habrá merecido la pena", concluía. 

"Lo que diga la dirección nacional"

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Otras fuentes parlamentarias del Partido Popular consultadas por ACI Prensa aseguran que en los asuntos relativos a la defensa de la vida humana como derecho fundamental no se va a producir un gran debate interno como sí hubo en el pasado. 

"En esto va a suceder como cuando la ley del aborto [de 2010]. El 5% estaban muy a favor; el 5% estaba muy en contra y el 90%, a lo que diga la dirección nacional", explican antes de añadir: "la esperanza en este asunto es el recurso de VOX".

VOX sí recurre ante el Constitucional

En efecto, VOX sí ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucional contra la norma que considera "vil" y que establece un tipo penal "vago y genérico".

La diputada Lourdes Méndez, ex integrante del PP, retirada por sus posiciones provida y profamilia y ahora en VOX, señala que con esta norma "se podría incluir cualquier rezo en la calle" dando lugar a una gran inseguridad jurídica. 

Desde VOX se subraya que la norma "ataca la libertad religiosa y de reunión". 

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