Advierten peligros de nuevo protocolo de voto trans para elecciones en Perú

Dijo que "lo más llamativo en este documento es que parecería haber sido redactado con tanto detalle sobre lo que serían actos de discriminación", que cualquier persona "deberá pensar cinco veces cada cosa que dice o cada gesto que hace para salir librado de alguna denuncia".

"Y no hablamos de una denuncia cualquiera. Es una denuncia penal pues se involucrará al Ministerio Público", aseguró.

"Lo preocupante es que varios ciudadanos de buena fe" serán "denunciados penalmente, posiblemente ignorando que estaban cometiendo un 'delito'", lamentó.

Caccia dijo que una denuncia podría darse, por ejemplo, si se "llama a una persona con el nombre consignado en el DNI, o lo lee en voz alta, y resulta que Juan ahora se viste como Juana, y el que lo llama para acercarse a votar no levantó la mirada y no se dio cuenta que Juan parece más Juana, es un acto discriminatorio".

"Si tuvieran alguna duda sobre la identidad de la persona, el miembro de mesa debe verificar la identidad de la persona preguntándole cuál es el número de su DNI, su fecha de nacimiento y la dirección que consigna en su DNI, información que será corroborada con el DNI en físico. No puede realizar ninguna pregunta adicional respecto a sus datos", explicó.

Caccia también mencionó otras ocho formas en las que una persona puede ser denunciada por un supuesto acto discriminatorio.

"Más allá de las buenas intenciones que pueda tener la ONPE y las asociaciones activistas con las que ha elaborado este protocolo, la pregunta que nos debemos hacer es si este protocolo es legal o más bien, para proteger los 'derechos' de un grupo, están violando leyes peruanas y, con éstas, los derechos de la mayoría que ya están reconocidos universalmente", resaltó.

La directora de Origen cree que alguna autoridad con las competencias para fiscalizar a la ONPE, como el Congreso o el Jurado Nacional de Elecciones, "debería señalarle a dicho organismo que este protocolo está vulnerando el artículo 2, inciso 24 literal a) de la Constitución: 'Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe'".

"Un protocolo, claramente, no es una ley. Obligar a cumplir este protocolo, paradójicamente, sería una vulneración de la ley que podría inclusive ser causal de destitución del jefe de la ONPE", aseguró.

Finalmente, Caccia dijo que "es importante precisar que estamos totalmente de acuerdo con que no se debe permitir que ninguna persona sufra algún tipo de discriminación, por ningún motivo".

"Para proteger este derecho no se requiere de un protocolo. Si efectivamente se comprobara un acto discriminatorio de acuerdo con la ley vigente, se debe realizar la denuncia pertinente según los procedimientos ya establecidos", sentenció.