Corte IDH ordena a Chile que reincorpore a lesbiana como profesora de religión

Además, se presentó una petición, firmada por más de 30 mil personas, solicitando al organismo que defienda el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones.

El 20 de abril de 2022 la Corte IDH sentenció que el Estado de Chile había violado los derechos humanos de Pavez.

La Corte IDH sostuvo en un comunicado que "el Estado de Chile es responsable por la vulneración a los derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad personal, a la vida privada y al trabajo" de Pavez, reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, precisó un comunicado del organismo.

"La Comisión determinó que en este caso existió una diferencia de trato basada en la orientación sexual, sin ofrecer motivo alguno que supere un escrutinio mínimo de objetividad y razonabilidad, atribuible al Estado puesto que existía una regulación que otorgaba facultades absolutas en la materia a las autoridades religiosas", precisó el fallo.

En ese sentido, estipuló como medidas reparatorias la publicación de la sentencia en medios públicos; la "reincorporación de la víctima al cargo que ocupaba como profesora en una institución pública", en caso de que sea su voluntad; indemnizaciones por daños; entre otros.

Además, la Corte IDH exigió la "garantía de no repetición", a través de un plan de capacitación, en el plazo de dos años, para "las personas encargadas de evaluar la idoneidad del personal docente y a los funcionarios judiciales, de todas las instancias, que estén llamados a conocer recursos de protección de derechos fundamentales sobre el alcance y contenido del derecho a la igualdad y no discriminación, incluyendo la prohibición de discriminación por orientación sexual", precisó.

Sentencia que socava la libertad religiosa

Al respecto, el director del Área para América Latina y el Caribe de ADF International, Tomás Henríquez, expresó su profunda decepción por la decisión de la Corte IDH, "que no defiende el carácter fundamental de la autonomía de las Iglesias como parte de la libertad de religión y creencia".

"Las comunidades religiosas tienen autonomía para elegir a sus profesores y los padres tienen derecho a que sus hijos reciban una educación religiosa de acuerdo con sus convicciones", afirmó.

Indicó que la decisión de la Corte IDH "se aparta por completo de la posición adoptada por la mayoría de los Estados de la región, así como en los precedentes consolidados de otros organismos internacionales de derechos humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Además, "aísla a la Corte Interamericana entre otros tribunales internacionales y amenaza con socavar los derechos de los padres y las comunidades religiosas de toda América", aseguró Henríquez.   

El abogado también señaló que "es una desilusión para la coalición de múltiples comunidades religiosas que intervino en el caso a favor de la autonomía religiosa y los derechos de los padres", agregó el abogado.

Henríquez explicó que la Corte IDH "estuvo de acuerdo en que los niños y los padres tienen derecho a recibir educación religiosa y que ésta puede incluirse en la enseñanza pública para garantizar los derechos de los padres".

Sin embargo, el fallo "rompió con el consenso internacional que reconoce la selección de profesores como parte inherente de la autonomía de las comunidades religiosas. Esta decisión podría afectar directamente a una mayoría de los niños del continente que reciben su educación a través de escuelas financiadas con fondos públicos".

"El fallo del tribunal también implica que los católicos, judíos, musulmanes, evangélicos o cualquier otro grupo religioso no pueden garantizar que los designados para enseñar esa religión vivan de acuerdo con lo que enseñan", alertó Henríquez. 

A su turno, el director adjunto de ADF International, Robert Clarke, precisó que la decisión de la Corte IDH "no se ajusta al derecho internacional, que protege claramente la autonomía de las comunidades religiosas, y constituye una excepción si se compara con casos similares decididos en otros tribunales de derechos humanos".

"Las Iglesias desempeñan un papel importante en la sociedad y esta se beneficia de comunidades religiosas fuertes y autónomas", agregó.

Por ello, "una vez que el Estado se arroga el determinar quién está calificado para enseñar clases de educación religiosa confesional, ¿por qué no se inmiscuiría también en decidir qué sacerdotes o ministros de culto son aceptables y, por esa vía intentar modificar las creencias más arraigadas de las comunidades religiosas autónomas?", cuestionó Clarke.

"Aunque esta decisión es un revés para todos los que se preocupan por la libertad religiosa y los derechos de los padres, seguiremos abogando por la protección de las libertades fundamentales en todo el continente americano", concluyó el director adjunto de ADF International.

Caso Pavez vs Chile

El caso de Sandra Cecilia Pavez Pavez, que enseñaba religión en la Diócesis de San Bernardo (Chile), se remonta a 2007. Cuando la diócesis supo que la mujer estaba en una relación de pareja con otra mujer, algo contrario a la doctrina católica, no se le renovó el certificado de idoneidad para enseñar religión.

La Diócesis de San Bernardo tomó esa decisión en base al decreto 924 de 1983 que establece que "el profesor de Religión, para ejercer como tal, deberá estar en posesión de un certificado de idoneidad otorgado por la autoridad religiosa que corresponda, cuya validez durará mientras ésta no lo revoque, y acreditar además los estudios realizados para servir dicho cargo".

Pavez pudo seguir trabajando en el mismo colegio pero en un puesto directivo. Sin embargo, presentó una acción legal por discriminación ante Corte de Apelaciones de San Miguel.

La justicia falló a favor de la Diócesis y la sentencia fue ratificada por la Corte Suprema de Chile en 2008, quien confirmó la libertad de la Iglesia para certificar a sus profesores y el derecho de los padres a que sus hijos reciban clases de religión de alguien que viva de acuerdo con su fe.

A pesar de ello, Pavez llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2008 y este pasó a la Corte IDH en septiembre de 2019.

La audiencia pública, los alegatos y las observaciones finales comenzaron en mayo de 2021.