Congreso archiva polémica “Ley de Protección de la Vida” criticada por providas en Guatemala

El proyecto de ley contemplaba penas de hasta 10 años de cárcel para la mujer que se sometía voluntariamente a un aborto, y hasta 25 años para quien lo realizaba.

Para la Asociación la Familia Importa el proyecto incluía palabras que podrían llevar a "interpretaciones erradas e injustas en contra de la mujer", como considerar que el aborto "es la muerte natural o provocada del embrión o feto en cualquier fase de su desarrollo".

Para AFI debía "eliminarse la palabra 'natural', pues la muerte por causas naturales de un no nacido es ajena a la voluntad de la madre".

"Ninguna mujer puede ser condenada por un aborto natural (aborto espontáneo)", subrayó la plataforma en su análisis al Decreto 18-2022.

"El artículo 133 del Código Penal actual", que no incluye la palabra "natural", indicó AFI, "es claro y no necesita reformas que puedan generar confusión".

Sobre el aumento de penas para el delito de aborto, la Asociación la Familia Importa indicó que "debe castigarse con dureza a quienes procuran el aborto (aborteros, clínicas clandestinas de aborto, etc)", y "debe castigarse penalmente a la mujer que se procura un aborto, pues el aborto es un delito (que consiste en el asesinato del no nacido)".

Sin embargo, precisó, "aumentar las penas no resuelve la crisis de una madre con un embarazo en crisis".

La Asociación la Familia Importa subrayó que "debe crearse un entorno favorable para la madre con embarazo en crisis, apoyo económico, apoyo psicológico, opción de adopción, etc. para que la madre pueda tomar la decisión correcta y nunca ser orillada por el sistema a matar a su propio hijo".

Además, advirtió, al elevar las sanciones, que originalmente eran de entre 1 y 3 años de prisión, a un rango de entre 5 y 10 años, la reforma "imposibilita que la mujer acceda a la conmutación de la pena", que permite actualmente que las mujeres que abortaron reciban otras condenas y no sean encarceladas.