17 de noviembre de 2024 Donar
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Presidente de Ecuador veta parcialmente la ley de aborto en casos de violación

Imagen referencial / Crédito: Pexels

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, vetó parcialmente el 15 de marzo el proyecto de ley que permite el aborto para los casos de violación y que fue aprobado en febrero por la Asamblea Nacional, en acatamiento a la sentencia de la Corte Constitucional del 28 de abril de 2021.

A través de una carta, Lasso anunció que incluirá 61 "textos alternativos" al proyecto de ley original, porque considera que no concuerda con la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto para los casos de violación en 2021.

"Hay disposiciones claras en la sentencia que no han sido acatadas por la Asamblea, o que no son coherentes con nuestro marco legal", aseguró el presidente.

 

 

Las observaciones dadas por Lasso van desde el plazo máximo para ejecutar el aborto hasta los requisitos para acceder a este. Además abarca el tema de la objeción de conciencia de los médicos.

"En el tema de los plazos, he añadido la observación de que se unifiquen, tanto para casos del sector rural como para casos urbanos en 12 semanas", indicó Lasso. El proyecto del Legislativo establece que una mujer mayor de 18 años puede abortar hasta las 12 semanas de gestación, y en los casos de las menores de edad y mujeres de área rural permite esta práctica hasta las 18 semanas de embarazo.

Asimismo, Lasso propuso "requisitos" para acceder al aborto por violación, entre ellos presentar una denuncia, una declaración jurada o un examen médico que certifique que ocurrió el abuso sexual.

También sugirió respetar la objeción de conciencia del personal médico que por motivos religiosos o éticos rechacen practicar un aborto. "Mal podría establecerse en la ley una obligación estatal que pudiere acarrear el despido de uno u otro profesional por el ejercicio de su derecho, aquello sería discriminatorio", dijo.

El proyecto de ley con los 61 "textos alternativos" del Ejecutivo ahora volverá a la Asamblea Nacional, que tendrá 30 días para decidir si mantiene el texto original o si incluye las propuestas de Lasso. 

Para ratificar el texto original el Parlamento necesita 92 votos, mientras que el texto del Ejecutivo puede aprobarse con mayoría simple. La Asamblea Nacional está compuesta por 137 legisladores.

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Las reacciones de los grupos provida y proaborto sobre el veto presidencial no se hicieron esperar. Desde ambos bandos hubo rechazo al veto parcial. También hubo una tercera opinión que consideró positivo el veto parcial.

El asambleísta Esteban Torres Cobo, del Partido Social Cristiano, declaró a la prensa que "desde el punto de vista provida, el veto es tibio porque se asume a nivel general, no solo desde el Legislativo, sino también desde el Ejecutivo, que la pena de muerte a la que estarán condenados ciertos ecuatorianos en el vientre materno, ya es formalmente las 12 semanas".

"Mi rechazo a ese veto, yo hubiera esperado que sea un veto total", subrayó.

 

 

El legislador agregó que "en el escenario que la Asamblea Nacional se ratifique en sus textos, necesita 92 votos, lo cual lo veo bastante improbable".

La líder provida ecuatoriana Martha Cecilia Villafuerte, directora de Familia Ecuador, sostuvo en un comunicado emitido el 17 de marzo que "el veto parcial anunciado esta semana, es un veto tibio, es un veto cobarde, es un veto cómplice".

Villafuerte afirmó que con el veto parcial "se completa el fracaso" de "los tres poderes del Estado: una Corte Constitucional, una Asamblea Nacional y ahora una Presidencia, que no han querido, ni han podido defender, ni mucho menos respetar el artículo 45 de la Constitución".

"Nosotros como organizaciones provida y profamilia presentamos un manifiesto público firmado por 35 entidades a nivel nacional, donde pedíamos específicamente un veto total, ya que tenemos que mantener esa coherencia y rechazar esta y cualquier otra ley que atente contra ese fundamental derecho de los ecuatorianos por nacer", recordó.

La líder provida dijo que la Asamblea emitirá una ley "con o sin las observaciones del presidente, pero que al final del día, seguirá siendo una ley que no ataca el problema de raíz como es el abuso intrafamiliar, no ofrece soluciones para aquella madre víctima de violación que quedó embarazada y que no desea practicarse un aborto, ni mucho menos ofrece sanciones firmes y fuertes para ir tras el agresor".

Sin embargo, para María de Lourdes Maldonado, abogada y directora de la organización sin fines de lucro Dignidad y Derecho, de Ecuador, el veto parcial del presidente Lasso es positivo, porque afirma que "la primera batalla es limitar lo más posible el aborto en el Ecuador".

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"Es necesaria una ley que limite los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional", dijo a ACI Prensa.

Según Maldonado, un veto total "implicaría la aplicación de la sentencia sin límites, requisitos, etc.", y por otro lado, el veto parcial detendría la "aprobación del texto inicial aprobado por la Asamblea que reconoce al aborto como un derecho".

Lo que hizo la sentencia de la Corte Constitucional fue modificar el artículo 150 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establecía que el aborto no es punible en Ecuador "si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental". El cambio eliminó la frase "que padezca de discapacidad mental".

Para Maldonado "la discusión actual no es 'aborto si o aborto no', por muy deseable que esa fuese la situación. La verdadera disyuntiva es 'aborto ilimitado vs. aborto muy limitado', tal y como está ocurriendo en países como Canadá, donde el aborto también fue aprobado por vía judicial y llevan años intentando conseguir una ley que limite la práctica del aborto".

Maldonado señaló que "la única forma de lograr defender la vida de una manera completa, es revertir la sentencia mediante un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional, que actualmente es difícil porque conocemos cuál es su posición".

"Deberemos unir esfuerzos hasta lograr ganar la guerra revirtiendo la sentencia de la Corte Constitucional", enfatizó.

En el caso de las organizaciones abortistas ecuatorianas, estas tampoco estuvieron satisfechas con el veto parcial de Lasso, aunque por motivos opuestos.

Por ejemplo, Ana Cristina Vera, abogada de la organización feminista Surkuna, dijo a El Comercio que las observaciones de Lasso pretenden "obstruir el acceso al aborto legal y recriminalizar a las mujeres, niñas y personas gestantes y a los profesionales de la salud que ofrezcan si quieres servicios de salud en esta práctica que es legal y eso es sumamente grave".

Por su parte, la asambleísta Johanna Moreira, una de las principales impulsoras del proyecto, se quejó en su cuenta de Twitter que Lasso haya puesto "plazos cortos" para el aborto.

En declaraciones a ACI Prensa, la líder provida Martha Villafuerte consideró que el veto parcial "no tiene puntos positivos", ya  que"cualquier 'adorno' que se le ponga al aborto, no cambiará su esencia, no cambiará algo que está mal".

"Sigue siendo una ley abortista", subrayó.

Villafuerte consideró que "una minoría ha caído en la manipulación mediática y están jugando a la carta del mal menor". "Ellos han generado confusión y división", dijo.

El pasado 12 de marzo, durante el Festival por la Vida realizado en Guayaquil se dio lectura al "Manifiesto por la Vida" firmado por 35 entidades eclesiales y sociales que trabajan con mujeres embarazadas y violentadas.

En este se solicitó al presidente Lasso el veto total "hacia una ley que es totalmente inconstitucional y rechazar esta y cualquier otra ley que atente contra el derecho fundamental de la vida de los ecuatorianos".

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