Archidiócesis publica guía para la protección de menores

La Guía recuerda que la Archidiócesis cuenta con la Comisión de Protección de Menores y Personas Vulnerables para la recepción y tramitación de las denuncias así como la atención y acompañamiento de las víctimas. Y presenta los datos para establecer contacto con la Comisión, bien mediante llamada telefónica al número 629 59 43 62, o mediante correo electrónico en la siguiente dirección: proteccionmenores@architoledo.org.

La Guía también recoge que “toda persona que advierta indicios de situación de violencia, está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente (Policía, Guardia Civil, Fiscalía de Menores)”, algo “especialmente exigible” a quienes “por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan encomendada la asistencia, cuidado, enseñanza o protección de menores y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido

conocimiento de una situación de violencia ejercida sobre los mismos”.

Y concreta una serie de medidas de prevención, “con el propósito de generar en nuestro ámbito condiciones adecuadas que prevengan el abuso de menores se trabajará para garantizar el cumplimiento de unas recomendaciones que afectan tanto a la selección de personas como al trato con el menor”.

Por eso, las personas que hayan de tener trato con menores será necesario un Certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, así como la firma de un Documento de Responsabilidad Personal.

Además ofrece unas recomendaciones concretas para diversas situaciones como conversación con menores a solas, muestras de afecto, excursiones, duchas y aseos, juegos, bromas y castigos...

En relación con las fotografías se recuerda que es obligado “informar a los padres y no difundirlas sin su consentimiento». Además, “se guardarán en un archivo único, del que será responsable la parroquia o centro diocesano”. Y finalmente, hay que “evitar las tomas privadas de imágenes de menores”. No obstante, "si se hacen en el desarrollo de actividades pastorales» ha de ser «con dispositivos técnicos de la parroquia o centro educativo”.

Son significativas también las indicaciones referidas al uso de las tecnologías de la comunicación, por eso se establece que ha de realizarse “siempre por canales oficiales propios de la parroquia, grupo, centro, etc. Nunca con el teléfono o email personal”.

Además, “las reuniones y conversaciones se llevarán a cabo siempre dentro del horario de actividad habitual” y, “si se crean grupos de mensajería instantánea (del tipo whatsapp o telegram) o se usa el correo electrónico para convocar, organizar o coordinar actividades, los padres deben recibir los mensajes”.

Además, se establece que “los agentes de pastoral y catequistas no darán sus teléfonos y correos electrónicos particulares a los menores, ni se citarán con ellos fuera de la parroquia sin permiso expreso del responsable y de los padres”.

La Guía ofrece también criterios concretos de actuación que en orden a detectar posibles casos de abusos, atendiendo a los indicadores físicos, tales como “embarazo, enfermedades de transmisión sexual, lesiones y dolor físico inexplicable o persistente en la zona genital, anal o en los senos”, o de comportamiento, entre ellos: “comportamientos anómalos y anormalmente llamativos de carácter compulsivo, depresivo, defensivo, autodestructivo, adictivo, delictivo o promiscuo”.

Ante la detección de algunos de estos indicadores es necesario “informar y comunicar a la persona responsable de la actividad para que se ponga en contacto con padres, madres o tutores legales, y a la Comisión de Protección al menor, para que actúe de modo adecuado de acuerdo a la legislación eclesiástica y civil”.

En el momento en que directa o indirectamente un menor o una persona vulnerable manifiestan el abuso a que han sido sometidos es necesario tener en cuenta una serie de pautas de actuación. Entre ellas, la Guía señala que es importante recalcar al menor “que ha hecho bien en contarlo y ha sido valiente, que no tiene la culpa y no es responsable de lo que ha pasado, que vamos a hablar y a ponerlo en conocimiento de sus padres y de las personas que pueden ayudarle y/o hacer que termine, que saldrá adelante y su malestar pasará”.

La Guía finaliza con una serie de indicaciones a seguir “una vez conocido el relato de los hechos”, que ha de quedar registrado por escrito, para comunicarlo a los padres, a la persona responsable de la institución o a la Comisión Diocesana, quienes, “en algún caso serán ellos los que contacten con la familia y establezcan los pasos a seguir, incluyendo la comunicación a las autoridades civiles y eclesiásticas en caso de que se sospeche de la comisión de un delito civil o canónico”.

Finalmente, “una vez que la familia y la Comisión Diocesana para la protección de menores tienen conocimiento de la situación», con el posible agresor se adoptarán las medidas cauterales previstas en la legislación, y al posible abusado se le ofrecerá medidas de seguridad, comunicando «con transparencia lo sucedido y las medidas adoptadas”.