La Conferencia Episcopal Haitiana publicó el 2 de febrero un comunicado en el que pide a los políticos y a las bandas armadas que eviten que el país se hunda en el caos.
Según recoge la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN por sus siglas en inglés), los obispos de Haití señalaron en su comunicado que "el momento que vivimos es extremadamente grave y particularmente decisivo; es un momento crucial e irreversible de nuestra historia. Lo que está en juego es nuestro presente y nuestro futuro y, por lo tanto, nuestra propia existencia como pueblo, como nación, como Estado. Debemos tomar decisiones valientes y efectivas".
El lunes 7 de febrero habría finalizado el mandato del presidente Jovenel Moïse, si no hubiera sido asesinado en la noche del 6 al 7 de julio de 2021 en su residencia privada.
Desde entonces, el país es gobernado por Ariel Henry, designado primer ministro por el presidente asesinado. Sin embargo, se teme que el final del mandato se use como pretexto para desafiar su frágil autoridad.
Según destacan desde ACN, en Haití la violencia ha aumentado drásticamente en los últimos meses con delitos relacionados con la droga y los secuestros. La situación se agravó en agosto por el terremoto de 7,2 grados de magnitud que ocasionó más de mil muertos y que sumió a la población en una pobreza aún mayor.
ACN reaccionó con un paquete de emergencia para suministrar tiendas de campaña, alimentos, agua potable y medicamentos para abordar reparaciones urgentes en casas parroquiales. También se brindó asesoría técnica para ayudar a evaluar los daños en 600 edificios. En 2022 se ha aprobado un segundo paquete de ayuda para impulsar la reconstrucción de edificios y estructuras.