El Pleno del Congreso de los Diputados de España aprobó este 3 de febrero la modificación del Código Penal por la que se condena a penas de cárcel a los provida que oren en las inmediaciones de las clínicas de aborto.
La votación quedó 204 votos a favor y 144 en contra, y por lo tanto continuará su tramitación en el Senado.
El Partido Popular (PP) y Vox fueron los únicos que no apoyaron esta propuesta de reforma y han manifestado en diversas ocasiones su voluntad de recurrir al Tribunal Constitucional, porque afirman que atenta contra los derechos fundamentales y las libertades públicas de reunión, expresión e ideología.
En el debate previo a la vocación, María Teresa Angulo, del Partido Popular, aseguró que "se protegen los intereses económicos de empresas privadas", en relación con los centros de aborto, y "se lanza un mensaje a los españoles de que quienes tengan la osadía de manifestar una opinión contraria a los intereses del Gobierno podrán ser sujetos de una legislación que os enviará a la cárcel".
Lourdes Méndez Monasterio, de Vox, afirmó en el debate que "algo muy grave está pasando en este país cuando se califica de delictiva una conducta pacífica de los provida que informan, ayudan, apoyan y rezan delante de los centros abortistas, centros de exterminio".
"Debiera repugnar a cualquier representante político que exista un mayor presupuesto para los centros del aborto que para ayudar a mujeres embarazadas", destacó Méndez Monasterio. Finalizó subrayando que "hay que tener un corazón muy endurecido para lanzar el mensaje de que la muerte de un hijo es la mejor elección".