El 7 de septiembre, los 10 ministros presentes en la sesión, de un total de 11, votaron a favor de declarar inconstitucionales fragmentos del Código Penal del estado de Coahuila que penalizaban el aborto y señalaban sanciones para los profesionales de la salud que lo asistan.
Apenas dos días después, el 9 de septiembre, los mismos 10 ministros de la SCJN declararon inconstitucional que la Constitución estatal de Sinaloa proteja la vida desde el momento de la concepción.
El 13 de septiembre, los ministros de la Suprema Corte reconocieron el derecho constitucional a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, pero el 20 de septiembre decidieron invalidar el artículo que lo protegía en la Ley General de Salud porque "no establecía los lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial el derecho a la salud".
El presidente del Frente Nacional por la Familia, Rodrigo Iván Cortés, dijo a ACI Prensa que "sería una expectativa un poco distante" que la nueva ministra de la SCJN ejerza su labor judicial a favor de la vida desde la concepción y del matrimonio entre un hombre y una mujer.
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Cortés recordó que la nueva ministra de la Suprema Corte fue parte del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México, que reconoce en su texto "cuestiones tan dañinas para la población como el aborto, la denaturalización del matrimonio, la promoción de la legalizacion de las drogas y de muchas diversas maneras propalacion e imposicion de la ideologia de género".
Además, alentó a "ver el perfil de quiénes ha propuesto y apoyado el (Poder) Ejecutivo", y apuntó al apoyo "de una manera impresionante" de López Obrador a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien "ha desplegado una severa ideologización de la Suprema Corte con una agenda de cultura de la muerte, de ideología de género y de restricción de libertades muy extrema".
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