Líder provida condena injerencia de CIDH en caso de niña embarazada en Bolivia

Lanza, líder de la Plataforma por la Vida y la Familia, criticó que "organizaciones internacionales (como la CIDH) tengan injerencia en países como el nuestro".

"Este artículo es aberrante. El garantizar el ejercicio de los 'derechos sexuales y reproductivos' en una niña de 11 años significa que ella tiene la libertad de poder decidir cuándo tener relaciones sexuales, con quién, cuándo quedar embarazada y cuándo no", expresó.

También criticó que la CIDH no considere que practicar un "aborto en niñas y adolescentes pone en riesgo sus vidas, su salud física y mental y su autonomía integral".

"¿Saben acaso las secuelas que deja un aborto en la vida de las personas, más aún y con mayor incidencia en niñas y adolescentes?", preguntó a la CIDH.

En el caso particular de la niña boliviana, tanto la madre, los médicos y la misma menor se oponen a la ejecución del aborto; sin embargo, varias organizaciones, incluida la Defensoría del Pueblo, están presionando para que se realice esta práctica, pese a que la gestación ya se encuentra en las 22 semanas.

En Bolivia el aborto es ilegal, pero con la sentencia del 5 de febrero de 2014 del Tribunal Constitucional Plurinacional una mujer víctima de violación puede solicitar el aborto impune.

Si bien la sentencia no establece un límite a la edad gestacional para la práctica, el Ministerio de Salud boliviano regula este aspecto basándose en la Organización Mundial de la Salud, que establece el límite de viabilidad del feto en las 22 semanas.

Asimismo, para que se pueda realizar un aborto basado en la sentencia del tribunal, se debe cumplir con dos requisitos: la presentación de una copia de la denuncia de violación y el consentimiento de la mujer (niña, adolescente, joven o adulta).

En este caso, ya se sobrepasaron las 22 semanas de gestación y la madre de la menor presentó "un memorial de desistimiento", "junto a una carta manuscrita" de su hija rechazando la práctica. La madre asegura que ambas quieren que el bebé nazca y después decidirán si lo crían o lo dan en adopción.

"Hoy ante la negativa del consentimiento de acceder al aborto, las organizaciones promuerte, como la Defensoría del Pueblo, se han volcado contra las organizaciones provida y sobre todo contra la Iglesia, que ha extendido su brazo solidario", criticó Lanza en la entrevista con ACI Prensa.

Recordó que para que los pacientes tomen una decisión responsable y con pleno consentimiento "se necesitan opciones, de lo contrario, si solo se les muestra un camino, allí existe coerción, y se está obligando a las personas a tomar una única decisión".

"Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país", subrayó.

Lanza también rechazó que la CIDH califique como "embarazo forzado", incluso cuando la decisión sea seguir adelante con un embarazo, con consentimiento.

"Consideran que es un embarazo forzado cuando la persona decide sobre la vida de su hijo, y eso ocurre en el caso de la niña de 11 años. Tanto la mamá de la niña como la niña mamá embarazada han decidido seguir con el embarazo, sin embargo, eso enfurece a las organizaciones proaborto", dijo.

Lanza aseguró que los grupos provida han apelado "para que se pueda frenar estas acciones de 'interrupción legal del embarazo' que amenaza contra la dignidad, la vida y la psicología y biología de esta niña víctima".

"Si ellos aseguran que el llamado embarazo forzado es una tortura, nosotros le preguntamos: ¿Acaso no es tortura sacrificar cortando en pedazos y descuartizando a un niño de cinco meses de gestación? No solo es tortura para el niño en el vientre sino para una mujer que lo vive. Las secuelas pueden llegar a ser de por vida", explicó.

Para Lanza, la "CIDH, promoviendo el aborto, está discriminando a una niña adolescente por la forma en que ha concebido a su hijo –que ella no lo ha buscado, es cierto–, pero hacen una discriminación total por su edad y la condiciones en las que ha quedado embarazada".

"También están discriminando al niño en su vientre, que es un ciudadano boliviano y que, por la forma en que ha sido concebido", para los proaborto, "no tiene derecho a vivir", agregó.

Lanza también criticó el texto publicado por la CIDH, porque en "ninguna parte se habla del culpable, el que ha cometido los actos deplorables y criminales de abuso sexual y violación".

"No se habla de la pena drástica para el violador, del porqué no se da curso inmediatamente al juicio y condenación, sino que solo se ensañan con la víctima y la someten a una tortura pública y, coaccionando, exigiendo y obligándola a ella y a su familia para que decidan por el aborto", concluyó.

Iglesia boliviana y la madre en contra de la Defensoría del Pueblo

La Iglesia en Bolivia ha otorgado todo su respaldo a la niña de 11 años y a su madre, defendiendo la decisión de seguir con el embarazo y colocando a su disposición ayuda material: hogar, educación, medicina, tratamiento psicológico para la menor. El apoyo de la Iglesia provocó ataques mediáticos y vandálicos contra edificios y templos católicos en los últimos días.

Pese a que la sentencia constitucional de 2014 es clara respecto al consentimiento del paciente para que se efectúe un aborto, la madre de la menor tuvo que solicitar el 1 de noviembre a la misma CIDH medidas cautelares para evitar que se concrete un aborto "forzoso" que viola "la voluntad" de su hija.

"Solicito con urgencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ordene al Estado Boliviano, como medida cautelar, el asegurar que se ponga fin a los intentos de la Defensoría del Pueblo, y cualquier otro organismo público y privado, de subvertir la opinión y decisión de (la niña) de no concretar el aborto y la muerte de (…) el niño que lleva dentro", indica la solicitud.

La madre decidió solicitar medidas cautelares luego de enterarse de que la Defensoría del Pueblo solicitó a nombre la niña "una medida cautelar en el sentido opuesto, con la intención de que se ordene al Estado hacer uso de medios coercitivos que terminen con la realización del aborto químico con mifepristona que ya se ha rechazado en forma expresa".

Además, el jueves pasado, la Defensoría del Pueblo ya había interpuesto una demanda penal en contra del personal médico del hospital Percy Boland, los funcionarios de las defensorías de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz y Yapacaní, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y de la madre.

Los supuestos delitos serían el incumplimiento de deberes, desobediencia a acciones de defensa y por trata de personas.

 "La Defensoría del Pueblo no representa ni en forma legal ni convencional a (mi hija) y además está ignorando en forma consciente su voluntad, la que expresó al personal de salud cuando se encontraba hospitalizada en el centro médico Percy Boland", indicó la madre.

"Su intencionalidad (de la Defensoría) se encuentra claramente distorsionada y responde  a su obsesión con la idea de que no podría querer tomar (la niña) una decisión distinta a la de abortar, en circunstancias de que como constató el personal médico del mismo recinto, ella no se encuentra bajo un riesgo real e inminente a su salud", precisó.

La madre reiteró: "Están poniendo palabras e intenciones en su boca, ignorando su opinión y decisión, con el objeto de obligarla a abortar, porque ellos, y no ella, pretenden que eso es lo mejor".

El 26 de octubre, la Secretaría General de la CEB exhortó a las autoridades del país a respetar y proteger el derecho a la vida y salud de la niña y de su bebé en gestación. 

"Ambas vidas merecen y deben ser protegidas. Afirmamos que, tanto los derechos de la niña, como los del bebé que crece en su vientre, deben protegerse, ya que ambos son inocentes y víctimas de un acto criminal, que tiene una gravísima responsabilidad por la que se debe responder", indicó CEB en un comunicado emitido el 26 de octubre.

Los obispos recordaron "que no se puede obligar a nadie a realizar abortos, ni siquiera ante la gravedad de la violencia sexual, porque el aborto en Bolivia es un delito, aún bajo causales de impunidad y no se puede forzar a nadie, ni al personal de salud, a cometer este delito".