En el contexto del caso de una niña de 11 años embarazada producto de una violación en Bolivia, la asesora legal de la Conferencia Episcopal (CEB), Susana Inch, explicó que la Iglesia "está cumpliendo con un deber moral y también legal".
Una niña de 11 años en la ciudad de Yapacaní, Santa Cruz, resultó embarazada tras sufrir reiterados abusos sexuales por parte de su abuelastro de 61 años, hoy detenido.
La niña tiene 21 semanas de gestación y se encuentra en un albergue dirigido por la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, por decisión de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
Por ese motivo, la Iglesia ha sido duramente criticada ya que los que están a favor del aborto le acusan de intervenir en la decisión de la niña.
Sin embargo, el sábado 23 de octubre, con una carta escrita a mano, la niña desistió formalmente de proseguir con el aborto y fue dada de alta el martes 26 de octubre. Esta decisión también fue apoyada por la madre de la menor.
El delegado episcopal de Salud de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, Víctor Hugo Valda, aseguró a ACI Prensa que la Iglesia no incurrió en injerencia o intervención alguna y que "no se ha hablado hasta el momento ni con la niña ni con la madre".