El pasado 22 de septiembre, el Congreso de los diputados de España aprobó la propuesta de ley presentada en mayo por el PSOE por la que se penará con la cárcel a los provida que se situen en las inmediaciones de clínicas de aborto para rezar.
Nayeli Rodríguez, responsable de 40 días por la vida España, valoró esta medida como "innecesaria" y destacó que "se basa en un informe elaborado por la ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo), que es la primera interesada en que el negocio del aborto prospere" y subrayó que "el aborto se paga con nuestros impuestos en centros privados, así que no es imparcial en absoluto. Está sustentado en una mentira".
Por eso Rodríguez aseguró que se trata de una propuesta de ley que "pretende coartar las libertades de los ciudadanos a partir de un delito inventado, pues ya existe en nuestra legislación un delito de acoso; sin embargo, puesto que no les vale, necesitan uno para sus propios intereses".
"Hoy somos los provida, mañana serán los médicos y la objeción de conciencia, ¿pasado mañana quién? Los que removemos conciencias siempre resultamos incómodos para los poderosos. Cuando el adoctrinamiento no funciona, lo siguiente es prohibir y utilizar la ley en contra de aquellos a los que debería proteger", aseguró la responsable de 40 Días por la Vida a ACI Prensa.
De hecho, la Ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró en una entrevista en la cadena Ser el pasado 23 de septiembre que "la objeción de conciencia no puede ser un obstáculo para que las mujeres ejerzan su derecho a interrumpir un embarazo. Debemos reformar la ley para regularla y que en este país el aborto sea garantizado en la sanidad pública".