El Congreso de los Diputados de España aceptó ayer martes 21 de septiembre tramitar la proposición de Ley impulsada por el PSOE para añadir al Código Penal un nuevo artículo con el que se podrá castigar con penas de cárcel a los provida que se sitúen en las inmediaciones de las clínicas de aborto.
Con esta proposición de ley se quiere castigar la acción de los provida por "hostigar o coartar la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos".
La propuesta de ley contó con el apoyo de todos los partidos excepto del Partido Popular (PP) y VOX.
Durante el debate en el Congreso, la diputada por el Grupo Parlamentario Popular, María Teresa Angulo Romero, criticó la propuesta de ley porque penaliza "derechos fundamentales como la libertad de expresión o de reunión porque lo que subyace es una limitación sectaria de los derechos en función de la ideología de quien los ejerce", según recogió el diario ABC.
"Ustedes no quieren penalizar una supuesta coacción, de ser así su propuesta sería innecesaria porque el Código Penal ya tipifica la coacción. Ustedes quieren prohibir el derecho de reunión o expresión donde y de quien no le guste, porque solo les falta poner nombres y apellidos", destacó la diputada del PP.