El régimen comunista de Cuba ha preparado una ley que, entre otros puntos peligrosos, impedirá la justa defensa de los disidentes y otros inocentes injustamente apresados en la isla.
El Tribunal Supremo Popular, la máxima autoridad judicial de Cuba, elaboró en mayo de este año una serie de propuestas legislativas que envió a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el parlamento de la isla, para su aprobación.
Entre estas propuestas se encuentra el "Proyecto de Ley del Proceso Penal", que podría equiparar el papel de un abogado defensor de disidentes con el de un "empleado o funcionario público", poniéndolo a merced de las presiones y sanciones del régimen cubano.
Un grupo de abogados cubanos, que pidieron hablar con ACI Prensa bajo condición de anonimato por temor a represalias del régimen comunista, advirtió que este proyecto de ley "atentaría contra la imparcialidad", porque al mismo tiempo "la Fiscalía representa al Estado, es un funcionario público. Imagínate si el abogado también".
Los abogados señalaron que "esto es algo que desde hace muchos años se ha intentado llevar a cabo, pero no se había encontrado la manera de implementarlo en una modificación de la ley".
"Pero ahora, con un nuevo texto procesal penal, se intenta introducir muy solapadamente", indicaron.