El martes 20 de julio el Consejo de Ministros de España aprobó la Ley de Memoria Democrática que prevé, entre otros puntos, la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, lo que hará que la comunidad de religiosos benedictinos que vive allí tenga que abandonarlo.
La gestión del complejo pasaría a ser competencia de Patrimonio Nacional, que pretende su "resignificación definitiva como un lugar de memoria democrática", mientras que la Basílica estaría a cargo de una orden religiosa designada por la Archidiócesis de Madrid. Sin embargo, la ley no asegura que tenga que haber una presencia religiosa al cargo del Valle.
El Valle de los Caídos está compuesto por una basílica pontificia menor, erigida como tal en 1960 por San Juan XXIII; sobre ella se instala una cruz que es "la más grande de la cristiandad con 150 metros de altura, o 300 metros si se cuenta desde el risco de la Nava donde está elevada. Y los brazos miden 24 metros cada uno", aseguró Alberto Bárcena, historiador y profesor de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
También está la abadía en la que vive la comunidad de religiosos benedictinos desde 1958; y una escolanía en la que estudian niños menores de 14 años que reciben una amplia formación musical; la hospedería y un centro de estudio sociales, que hoy en día está inutilizado.
El Gobierno tampoco especificó el fin que tendrá la cruz que preside el Valle de los Caídos. Aunque recientemente aseguraron desde el Gobierno de España que no está prevista su retirada, en ocasiones anteriores se habló de su eliminación e incluso de volarla.
Ante esta situación, el Cardenal Carlos Osoro, aseguró a través de Twitter que "no conocemos en detalle qué quiere hacer el Gobierno en el Valle de los Caídos, pero hay que recordar que la Iglesia particularmente la comunidad benedictina allí presente, ha creado siempre por la reconciliación y por todas las víctimas. La cruz es símbolo de amor y entrega".