21 de noviembre de 2024 Donar
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Critican a multinacionales por promover ideología de género en Chile

Imagen referencial. Crédito: David Ramos, ACI Prensa.

El abogado de Comunidad y Justicia, Vicente Hargous, criticó la declaración de un grupo de multinacionales a favor de la agenda LGTB y en especial del "matrimonio igualitario", tema que está siendo debatido actualmente en el país.

"Virtudes del capitalismo liberal: empresas extranjeras enormes usan sus influencias y su dinero para defender intereses ideológicos en el debate público nacional", expresó Hargous en su cuenta de Twitter.

 

 

El abogado se refirió a la declaración titulada "Sí, quiero", y que respalda el proyecto de matrimonio homosexual que se discute en Chile bajo el apoyo del presidente Sebastián Piñera, que lo calificó de "suma urgencia" el 1 de junio.

El mensaje fue publicado el 22 de junio en El Mercurio y está firmado por marcas internacionales como Adidas, Google, Oracle, Siemens, Deloitte, Wom, entre otras.

La mayoría de estas empresas son miembros de Pride Connection, una red que, según su sitio web, busca "promover espacios de trabajo inclusivos para la diversidad sexual y generar lazos para la atracción de talento LGBTI".

"Creemos firmemente que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y decimos ¡Sí, quiero! al matrimonio igualitario en Chile", señala el comunicado, en el que también aparecen IBM, Reebok, Microsoft y otras marcas.

Pride Connection es impulsada desde el 2015 por la Fundación Iguales.

Proyecto de ley del matrimonio igualitario

El proyecto de ley de "matrimonio igualitario" fue presentado en septiembre de 2017 por Michelle Bachelet, entonces presidenta de Chile y actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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El proyecto está en su primer trámite constitucional y busca modificar, entre otras normativas, el Código Civil, el Código del Trabajo y la Ley de Acuerdo de Unión Civil que regula los efectos jurídicos de la convivencia entre parejas del mismo sexo y heterosexuales, promulgado en abril de 2015 por Bachelet.

El Senado aprobó en enero de 2020 la discusión del proyecto y hoy se encuentra en la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de esa cámara.

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