El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó un informe que avala que la tramitación de la Ley de Memoria Democrática siga adelante, aunque se mostró muy crítico sobre algunos de aspectos del anteproyecto e incluso pidió que se elimine la causal por la que podría extinguirse la Fundación de la Santa Cruz y del Valle de los Caídos, que asegura la presencia de la Orden Benedictina en el Valle.
El informe del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados de España, fue aprobado por 15 votos a favor, 6 en contra y varios votos particulares. El documento ofrece la opinión y el criterio sobre el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, antes de que empiece su tramitación parlamentaria.
El anteproyecto de ley de Memoria Democrática sustituye a la ley de Memoria histórica de 2007 e incluye, entre otros muchos aspectos, un nuevo modelo de gestión del Valle de los Caídos, con la resignificación del Valle y su conversión en un cementerio civil.
El informe del CGPJ es crítico porque considera que el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática "vulnera la libertad de expresión", aunque de manera genérica "respeta el marco constitucional" porque persigue "la protección del derecho a la dignidad y respeto de las víctimas y de sus familiares frente a mensajes que les menosprecien, humillen o desacrediten".
También advierte del riesgo de "tutela asimétrica", es decir, la protección desigual de la dignidad de las distintas víctimas de las violaciones de Derechos Humanos.
Sin embargo, aunque el informe sea crítico, el hecho de que se haya aprobado por mayoría quiere decir que se da, por así decir, el visto bueno a que la Ley de Memoria Democrática siga su curso.