Tres miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostraron su rechazo después de que se aprobó un informe que da el visto bueno a la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, y alertaron de la posibilidad de que se aplique una norma que incumple "los Acuerdos con la Santa Sede, que tienen rango de tratado internacional".
El CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces y magistrados de España. El pasado 7 de junio aprobó por 15 votos a favor, 6 en contra y varios votos particulares, un informe con la opinión y el criterio conjunto de los jueces y magistrados sobre el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática antes de que empiece su tramitación parlamentaria.
El informe del CGPJ es ya de por sí crítico con el anteproyecto de Ley porque asegura que "vulnera la libertad de expresión" y advierte del riesgo de "tutela asimétrica", es decir, de que se dé una protección desigual en la dignidad de las personas que sufrieron una violación a sus derechos humamos.
Sin embargo, tres magistrados dieron un paso más y presentaron su voto particular, es decir, la opinión divergente a la decisión tomada por la mayoría.
En su argumentación, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz Abad expusieron los riesgos de que se apruebe y se aplique una norma como la Ley de Memoria Democrática que incumple "los Acuerdos con la Santa Sede, que tienen rango de tratado internacional".
Sobre la resignificación del Valle de los Caídos, los magistrados expusieron que "no se puede declarar que un cementerio en el interior de una basílica, creada con todos los requisitos canónicos, se transforme en cementerio civil. Además, una basílica no puede dejar de serlo sin cumplir los requisitos canónicos, y menos aún por declaración legal y unilateral, pues ello sí constituye una vulneración de la inviolabilidad de un lugar de culto".