Unos siete mil ciudadanos en Argentina piden al Senado de la Nación que rechace el proyecto que busca darle rango constitucional a la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer", conocida como Convención de Belem do Pará, y que es usada como un instrumento del feminismo radical para promover el aborto en la región.
La Convención fue firmada el 9 de junio de 1994 en la ciudad brasileña de Belem do Pará y en Argentina fue reconocida con la ley 24632 en 1996. Desde entonces ha habido varios intentos para darle rango constitucional.
El pasado 5 de mayo se aprobó el dictamen en la Comisión de Banca de la Mujer en el Senado, en un debate en el que participaron diversas representantes como Norma Durango y Gladys González, senadoras que promueven la iniciativa.
Para ser aprobado, el proyecto requiere dos tercios de los votos positivos, es decir 48 para aprobar la medida.
Si bien varias de las participantes se expresaron a favor de la propuesta, la senadora Silvia Elías de Pérez, de Tucumán, dijo que "nadie pone en tela de juicio que se debe acabar con la violencia contra la mujer, pero para poner en la Constitución un tratado, este debe reflejar el pensamiento de toda la sociedad".
La senadora alertó que "el comité de expertas que creó la Convención considera tortura un embarazo no planificado y trato cruel e inhumano al que se le da a una mujer cuando no puede acceder a un aborto", y dijo que no firmaría el dictamen.