Organizaciones católicas cuestionan detenciones ilegales de migrantes en frontera de Chile

A través de un comunicado enviado a ACI Prensa, las instituciones indicaron que los migrantes detenidos "fueron despojados de sus pertenencias e incomunicados, sometidos a revisiones corporales y tratos vejatorios, a pesar de no haber sido detenidos en flagrancia por algún delito".

Al enterarse de lo sucedido, familiares y agrupaciones de migrantes acudieron a los abogados del Servicio Jesuita al Migrante (SJM) y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Solo estos últimos tuvieron acceso a los detenidos.

La madrugada del 24 de abril, distintas organizaciones dedicadas a la acogida, protección, promoción e integración de las personas inmigrantes, presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Arica para solicitar que se detuviera la expulsión.

Al mediodía, la justicia acogió la solicitud y paralizó el traslado de algunos migrantes. Los que fueron deportados tenían antecedentes por delitos cometidos anteriormente.

Pasadas las 6:00 p.m. las personas fueron liberadas y al salir de las dependencias de la PDI los migrantes se reencontraron con sus familias que los esperaban con el equipaje que la institución les había ordenado traer para los expulsados.

"La orden de no innovar sólo detiene la materialización de la expulsión. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Arica deberá conocer el fondo de las alegaciones del asunto para decidir si el actuar de la autoridad administrativa, es decir, la intendencia de Arica es ilegal y arbitrario o si las expulsiones han sido realizadas conforme a Derecho".

Incami aseguró en su página de Facebook que la ley 20.430 de octubre de 2010, "establece disposiciones sobre protección de refugiados y solicitantes de refugio, ordenando que a ninguna persona que manifiesta la intención de solicitar refugio se le podrá expulsar del país, sin antes tener la posibilidad de exponer su caso".

"La norma anterior, protege el derecho de los solicitantes de refugio a por lo menos ser oídos por la autoridad migratoria a fin de exponer su caso y ser beneficiados con la protección de dicha ley", precisaron.

Dado lo anterior, "cualquier expulsión que no garantice los derechos de los solicitantes de la condición de refugiado es una expulsión arbitraria e ilegal, y por ende no debe prosperar", aseguraron.

En conversación con ACI Prensa, la directora de Cáritas Arica, Fredmary Gutiérrez, explicó que gran parte de los detenidos tienen entre 8 a 10 meses de haber realizado la autodenuncia, es decir, indicar ante las autoridades que ingresaron en forma irregular al país y a partir de ahí comenzar un proceso de regularización de sus papeles.

Incluso, una gran mayoría trabaja, estudia y cotiza para un sistema de previsión social.

Entre los casos que destacó Gutiérrez está el de una mujer que recibió la notificación de deportación y que, de haberse concretado, sus cuatro hijos, todos beneficiarios del sistema social, habrían quedado solos en Chile.

La directora de Cáritas Arica aseguró que "el conflicto que está produciendo esta nueva ley es la arbitrariedad con la que se impone". "Si bien, efectivamente las personas están internalizando que ya no deben hacer ingreso por pasos no habilitados, en los casos que ocurre, debemos velar por el debido proceso, sin vulneraciones de las personas que ya de por si vienen con un trauma y un estigma grande de migración irregular", afirmó.

"Nadie sale de su país por gusto, por eso debemos velar por la dignidad humana, la solidaridad ante esta realidad tan sentida que involucra incluso la separación de familias", reflexionó Gutiérrez.

El Obispo de Arica, Mons. Moisés Atisha, manifestó el 24 de abril su "indignación y rechazo" por la situación, sobre todo por los relatos de "revisiones corporales indebidas", lo que "constituye una vulneración grave y violenta de los derechos fundamentales de las personas migrantes".

En ese sentido, exigió que se "respete y proteja la dignidad e integridad física y psíquica de toda persona independiente de su nacionalidad, género, edad y condición migratoria, según lo prescrito" en la Constitución y tratados internacionales suscritos por el país.

"No podemos desconocer que las personas afectadas son de nacionalidad venezolana, país fuertemente asolado por la pobreza, hambruna, violencia y vulneración a los derechos fundamentales", aseguró el Obispo de Arica.

"Estamos frente a uno de los mayores éxodos vividos en la historia de Sudamérica, afectando intensamente a toda la región. Creemos que toda persona tiene derecho a vivir con dignidad y a buscar los medios para su subsistencia de forma lícita y legítima.

En ese sentido exhortaron al Estado a buscar "medidas de cooperación internacional que permitan encontrar una solución integral en la vida de las personas de nacionalidad venezolana que han deseado convertir a nuestro país en su nuevo hogar", concluyó el Obispo de Arica.

Crisis en la frontera de Chile

La promulgación de la nueva ley de migración se produce ante la tercera ola de migrantes que llegó a inicios del 2021 y que, a diferencia de las dos primeras que arribaron en 2018 y 2019, tienen poca preparación en asuntos migratorios y pocos recursos para concretarlo.

Hasta el 2019, los migrantes en Chile correspondían al 7,8% del total de la población, siendo los venezolanos el grupo mayoritario, seguido por los peruanos, haitianos, colombianos y bolivianos.

El operativo que originó el reclamo de este grupo de migrantes terminó con la expulsión de 55 ciudadanos venezolanos desde la ciudad de Iquique, y que contaban con antecedentes penales.