Los Obispos de España respondieron a la "acusación gravemente injusta" que realizó la Ministra Ione Belarra en la que acusaba a la Iglesia católica de "encubrir" abusos sexuales. La CEE aseguró que el buen trabajo de millones de de personas "no puede quedar empañado" por "las apreciaciones de los políticos que, presas de un rancio anticlericalismo, utilizan a la Iglesia para la confrontación política en una estrategia de ruptura y confrontación".
Durante el pleno del Congreso de los Diputados en el que se aprobó la Ley contra la violencia a la infancia, la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra perteneciente al partido de extrema izquierda Podemos, señaló a la Iglesia Católica como cómplice en el encubrimiento de casos de abusos sexuales.
"Es una verdad incómoda pero hay que decir que la Iglesia católica ha sido cómplice demasiadas veces en este país encubriendo la violencia sexual hacia los niños, y esto tiene que terminar", aseguró Belarra en el Congreso de los Diputados el pasado 15 de abril.
Ante estas acusaciones, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha publicado una respuesta en la que asegura que se trata de "una acusación gravemente injusta que pretende ensuciar la actividad de millones de personas durante décadas y que no se corresponde en absoluto con la verdad".
Además subrayaron que esto "no puede quedar empañado ni por las acciones de algunos de sus miembros que son indignos de ese trabajo ni por las apreciaciones de los políticos que, presas de un rancio anticlericalismo, utilizan a la Iglesia para la confrontación política en una estrategia de ruptura y confrontación".
En el comunicado de la CEE también se recordó que estudios independientes recientes han puesto de manifiesto la gravedad de este problema en nuestro país y señalan que "el 0,2% de los casos se han dado en actividades religiosas" y que aunque es "para nosotros grave, pone en su magnitud las dimensiones del problema y señala los entornos en los que se producen mayoritariamente los abusos, que deben tener especial atención y protección".
"Como parte de su misión, la Iglesia está firmemente comprometida en la promoción integral de los menores y desarrolla miles de iniciativas cada año que buscan formarlos en valores tan relevantes como la solidaridad, el respeto a la diferencia, el servicio al bien común o el cuidado del entorno según los principios del humanismo cristiano", aseguraron.
Además renovaron "el compromiso de la Iglesia con la protección de los menores que seguirá dando pasos adelante" y agradecieron el trabajo de todos "los que dentro y fuera de la Iglesia trabajan en el cuidado de los menores y en su formación, para un futuro mejor".
En el comunicado de la CEE también recordaron que "la Iglesia católica inició ya en 2002 un largo proceso de actualización de sus protocolos y su código de derecho especialmente en cuestiones de prescripción de esos delitos y de prevención de abusos en el presente y en el futuro, aspectos que ahora incorpora la legislación española. Desde aquel año se han desarrollado protocolos y entornos seguros para los menores en los lugares en los que la Iglesia realiza su actividad. Las congregaciones religiosas han desplegado un importante número de iniciativas para atender de manera segura a los menores y también la Iglesia diocesana está recorriendo ese camino y han habilitado oficinas de protección a los menores y prevención de abusos en todas las diócesis españolas".
La ley de protección a la infancia frente a la violencia fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 15 de abril, y ahora debe ser ratificada en el Senado. Se prevé que se apruebe de manera definitiva en junio.
Los principales puntos de esta ley de protección a la infancia se centran en que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no comenzará a correr hasta que la víctima haya cumplido 35 años, y no 18, como hasta ahora.
Los menores de 14 años o personas con discapacidad sólo deberán declarar una vez durante la fase de instrucción del proceso judicial, tendrán derecho a una defensa y representación gratuitas y quienes adviertan indicios de violencia ejercida sobre menores están obligados a denunciar ante la autoridad correspondiente.
A esta ley se la conoce como "ley Rhodes" en referencia al pianista James Rhodes que sufrió abusos sexuales durante su infancia y que ha trabajado para que se apruebe en España esta ley, que es una de las más avanzadas en prevención y reparación.
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