REDACCION CENTRAL,
De cara a las elecciones generales del 11 de abril, los obispos del Perú llamaron a los partidos políticos y a sus candidatos presidenciales a no ofender a sus rivales con calificativos humillantes, sino priorizar las propuestas "serias y viables" para salir de la grave crisis.
"Estando a pocas semanas de las elecciones generales, hacemos un llamado a los partidos políticos y sus candidatos para que destierren de las campañas electorales los epítetos humillantes y las ofensas a sus rivales y prioricen la presentación de propuestas no demagógicas sino serias y viables, manteniendo siempre abiertas las posibilidades de un diálogo respetuoso con los diversos actores de la vida social, económica, cultural, educativa y política del país. Pedimos a los medios de comunicación que colaboren con este objetivo", exhortó la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) en un comunicado publicado el 15 de marzo.
El domingo 11 de abril los peruanos elegirán al nuevo presidente y a los nuevos 130 congresistas en medio de una de las crisis más graves a nivel político, económico y sanitario que ha afrontado la nación en 200 años.
"Nos acercamos a las elecciones generales del Bicentenario en medio de una de las peores crisis de nuestra vida republicana. Tal vez sea la peor porque es una crisis pluridimensional: sanitaria, económica, moral, educativa y política, que afecta gravemente nuestro presente y puede afectar más gravemente aún nuestro futuro como nación", precisaron los obispos.
La crisis de salud es por el aumento de casos de COVID19 que han colapsado el sistema hospitalario, agravado por la escasez de oxígeno o su alto costo. Aunque la Iglesia Católica promueve iniciativas como "Respira Perú" para ayudar a las familias y colaborar con el Estado, no es suficiente ante las necesidades actuales.
La crisis económica es consecuencia de la cuarentena para detener los contagios de coronavirus. Esta medida fue impuesta primero por el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, dimitido por incapacidad moral en 2020 e involucrado en el escándalo del "Vacunagate", y luego aplicada por el gobierno transitorio de Francisco Sagasti, que asumió en noviembre de 2020.