El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó la ley de despenalización de la eutanasia que la Asamblea de la República aprobó el 29 de enero y que ya había sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.
Los obispos portugueses acogieron con satisfacción el veto presidencial, e indicaron que cualquier legalización de la eutanasia y del suicidio asistido siempre será contraria a "la afirmación de la dignidad de la persona humana y a la Constitución de la República Portuguesa".
En el comunicado publicado el 15 de marzo por la Presidencia de la República de Portugal, se informó que el presidente, luego de consultar al Tribunal Constitucional, "devolvió a la Asamblea de la República, sin promulgación, en los términos del párrafo 1 del artículo 279 de la Constitución, el Decreto de la Asamblea de la República que regula las condiciones especiales en que la anticipación a la muerte médicamente asistida no es punible y modifica el Código Penal".
El presidente Rebelo de Sousa ya se había pronunciado contra la ley de eutanasia aprobada por los parlamentarios, al encontrar elementos de inconstitucionalidad.
Por ello, el 18 de febrero solicitó al Tribunal Constitucional que realice una inspección preventiva a esta ley, al considerar que el texto recurría a "conceptos excesivamente indeterminados, en la definición de los requisitos de autorización para la despenalización de la muerte asistida".
Según la agencia Ecclesia, del Episcopado portugués, el Tribunal Constitucional dictaminó que la ley es inconstitucional con 7 de los 12 jueces.