Entre las políticas aprobadas el año pasado están la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y la Ley Especial de Ciberdelitos, y que ha sido denunciada por los opositores como "Ley Mordaza". Sus detractores dicen que el objetivo es censurar, incluso bajo pena de cárcel, a periodistas independientes y usuarios de redes sociales que expresen opiniones contrarias al régimen, y que el gobierno considere que es información "falsa" o "tergiversada", que pueda atentar contra "la seguridad del Estado".
Luego está la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que según los opositores iría en contra de la prensa extranjera, pues obliga a que toda persona y organización que reciba financiamiento del exterior se registre en el Ministerio del Interior como "agente extranjero" y se abstenga de "participar" en la "política interna".
Otra es la Ley de Cadena Perpetua, que sanciona con hasta 30 años de prisión a los que cometan "crímenes de odio". El presidente Ortega dijo que la ley será para sancionar a los que cometan "más destrucción de la que provocaron en abril de 2018".
En abril de 2018 estallaron protestas ciudadanas que fueron reprimidas violentamente, provocando la muerte de cientos de manifestantes. En los meses siguientes varias iglesias y obispos han sido atacados por paramilitares afines al gobierno.
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Al respecto, la Arquidiócesis de Managua señaló a ACI Prensa que "es raro" que se lancen estas leyes en medio "de la situación extraordinaria económica, social y política y de salud que estamos viviendo" y afirmó que "es una amenaza para justificar la represión a quien se oponga al régimen".
Sobre las próximas elecciones, la Arquidiócesis recordó que la Organización de Estados Americanos (OEA) "le ha puesto plazo al gobierno hasta el mes de mayo para hacer reforma a la Ley electoral y permitir observación internacional y nacional".
Sin embargo, dijo que "el gobierno no da una mínima señal de querer cambiar, la represión sigue, y si vamos así, como estamos ahorita, nuevamente va a ser un fraude electoral organizado por ellos", al que le seguirá reclamos, crítica internacional y resultará en un tema "diplomático". "Si lo hace, sería una gran sorpresa, pero no. […] Se ve triste la cosa acá", añadió.
En la carta del 8 de marzo, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua reiteró su llamado a "cambiar para el bien de la sociedad nicaragüense". Al respecto, la Arquidiócesis recordó a ACI Prensa que en mayo de 2014 la Conferencia Episcopal de Nicaragua escribió una carta al presidente Ortega llamada "Hacia nuevos horizontes: la Nicaragua que queremos hacer", donde señalan qué debería hacerse para recomenzar el país.
Durante la entrevista, la Arquidiócesis recordó a ACI Prensa que el primer paso es que haya "libertad de expresión de los medios de comunicación, libertad de manifestación pública en las calles, libertad de presos políticos" y que regrese "la institucionalidad", de modo que "las instituciones realmente funcionen como deben ser y no sean manejadas [de forma] centralizada. Que cada institución estatal cumpla su función, y no solo esté esperando la señal que le hagan de arriba".
Señaló que en Nicaragua "no hay institucionalidad. Aquí todo está manejado por el presidente y la vicepresidenta" Rosario Murillo, que también es esposa de Ortega, pero afirmó que el problema central viene desde hace décadas, incluso antes del inicio del gobierno del presidente Daniel Ortega, que lleva en el poder desde hace más de 14 años.