MADRID,
El Valle de los Caídos vuelve a estar amenazado por los poderes del Estado español; esta vez se trata de la Fiscalía General que ha respaldado una denuncia de la izquierdista Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para expulsar a los monjes benedictinos que residen en este conjunto de basílica, abadía y hospedería desde el año 1958.
La Fiscalía General del Estado remitió al gobierno, controlado por una coalición de partidos de izquierda, la denuncia que afirma que los monjes se encuentran de forma ilegal en la abadía, ya que el acuerdo entre el Estado y la comunidad benedictina está pendiente de renovación desde el 2 de octubre de 2020.
La denuncia fue presentada hace unos días ante Patrimonio Nacional, entidad del Estado que se orienta por políticas que marca el gobierno de turno.
El gobierno, liderado por el PSOE en alianza con Podemos, anunció el 16 de septiembre su intención de desalojar a los benedictinos. Ahora, con esta negativa de renovar el acuerdo pretendería presionar a los religiosos para lograr un traslado pacífico y consensuado.
Aunque la Fiscalía General del Estado debería ser una entidad independiente, está presidida por Dolores Delgado, antigua ministra socialista de Justicia y propuesta como fiscal general del Estado directamente por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
El nombramiento de Dolores Delgado por parte del presidente Sánchez, y el hecho de que haya sido ministra en el anterior gobierno socialista de Pedro Sánchez entre 2018 y 2020, ha puesto en duda su imparcialidad e independencia. De hecho, los partidos de la oposición han acusado a la fiscal general de actuar al dictado de la presidencia del gobierno.