En un decreto emitido a principios de este mes, el Cardenal Giuseppe Bertello, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, indicó que los empleados que se nieguen a recibir la vacuna contra el COVID-19 cuando se considere necesario para su trabajo podrían enfrentar sanciones que podrían llegar hasta el despido.
El decreto del 8 de febrero, firmado por el Cardenal Bertello y el Obispo Fernando Vérgez Alzaga, secretario general de la Gobernación, establece para los empleados del Vaticano, ciudadanos y funcionarios de la Curia romana las regulaciones para controlar la propagación del coronavirus en territorio vaticano, como el uso de mascarillas o cubrebocas así como la distancia social. El incumplimiento de las disposiciones podría sancionarse con multas.
"La emergencia sanitaria debe abordarse para garantizar la salud y el bienestar de la comunidad trabajadora respetando la dignidad, los derechos y las libertades fundamentales de cada uno de sus integrantes", señala el artículo 1 del documento.
Una de las medidas incluidas en la orden es el protocolo de vacuna COVID-19 del Vaticano, ya que en enero se comenzó a ofrecer la vacuna Pfizer-BioNtech a empleados, residentes y funcionarios de la Santa Sede.
Según el decreto, el Cardenal Bertello y la oficina de salud e higiene evaluaron el riesgo de exposición al COVID-19, y su posible transmisión a los empleados en el desempeño de sus actividades laborales, por lo que se "puede estimar necesario poner en marcha una acción preventiva que prevé la administración de una vacuna para proteger la salud de los ciudadanos, residentes, trabajadores y la comunidad laboral".
El decreto establece que los empleados que no puedan recibir la vacuna por "razones de salud comprobadas", podrán recibir temporalmente "distintas obligaciones equivalentes o, en su defecto, inferiores" que tengan un menor riesgo de contagio, manteniendo su salario actual.