Según argumentó la Asociación en su escrito presentado en el juzgado, "la decisión de destruir el monumento no se había aprobado en pleno por lo que se realizó de forma completamente ilegal y además supone atentar contra un derecho fundamental como es la libertad religiosa".
La alcaldesa Flores argumentó su decisión de destruir la cruz en su supuesta identidad franquista. Sin embargo, el monumento no tenía ninguna inscripción ni símbolo que la identificara ni con el régimen de Franco ni con ninguna ideología.
Además, la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, cuya opinión era necesaria por encontrarse la cruz junto al convento de las Descalzas, declarado Bien de Interés Cultural, concluyó que la cruz no estaba afectada por la Ley de Memoria Histórica.
A pesar de ese dictamen, el ayuntamiento de Aguilar derribó igualmente la cruz con el argumento de que impedía la visualización del convento. Según declaró Carmen Flores "esa cruz no tiene ninguna connotación religiosa", "no tiene ningún interés para nada", "es una cruz de cemento que no tiene ningún valor".
A pesar de las protestas de la Diócesis de Córdoba, de la Agrupación de Cofradías de Aguilar de la Frontera y de los vecinos del pueblo, la cruz finalmente fue derribada y arrojada a un vertedero, lo que causó aún mayor indignación.
Los vecinos respondieron cubriendo de flores el espacio que antes ocupaba el monumento cristiano, y colocando improvisadas cruces de madera en el lugar. Todos esos elementos fueron retirados por el ayuntamiento.