22 de diciembre de 2024 Donar
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Iglesia en Polonia pide por católico a quien justicia británica ordenó retirar alimentación

Imagen Referencial / Foto: Flickr Bastian (CC-BY-NC-ND-2.0).

El presidente de los obispos polacos, Mons. Stanisław Gadecki, pidió al presidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, Cardenal Vincent Nichols, unir esfuerzos para salvar la vida del católico polaco en riesgo de morir por inanición, luego que la justicia británica ordenó retirarle la alimentación e hidratación que lo mantienen con vida.

"En los últimos días, la opinión pública en Polonia se ha visto sacudida por la decisión de la Corte (Suprema de justicia) británica de dejar de dar comida y agua a un polaco que fue hospitalizado en Plymouth con una lesión cerebral. De hecho, fue condenado a muerte por inanición", señaló Mons. Gadecki.

"Me dirijo a Vuestra Eminencia, como Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales, pidiendo su ayuda en este difícil asunto y que tome medidas para salvar la vida de nuestro compatriota", agregó.

En la carta, Mons. Gadecki se refiere al caso del católico polaco identificado como RS, que en noviembre de 2020 sufrió un ataque cardíaco y una posterior lesión cerebral. Desde entonces necesita de un sistema de soporte vital para alimentarse e hidratarse.

Ahora RS está en el hospital de Derriford en Plymouth, en Reino Unido, y su madre y hermanas continúan luchando para que la justicia británica no lo condene a morir, pues en diciembre, tras el consentimiento de la esposa de RS y sus hijos, la Corte Suprema de Justicia dictaminó desconectarlo del sistema de soporte vital, alegando que "no es lo mejor para él".

El Prelado recordó la oferta del gobierno de Polonia para repatriarlo y proveerle lo necesario para garantizar su bienestar. También destacó los grandes esfuerzos que la madre y hermanas hacen para salvarle la vida a RS.

"Las autoridades de nuestro país aseguraron que cubrirían los costos de tratamiento y transporte. El tribunal británico no está de acuerdo en transportar al paciente, ya que el viaje podría poner en peligro su vida", dijo.

La esposa y los hijos de RS, "que viven en Inglaterra, estuvieron de acuerdo con la decisión" de desconectarlo; por el contrario, "la madre y la hermana, que viven en Polonia y la otra hermana y sobrina del hombre, que viven en Inglaterra" están en contra y han apelado a los más altos niveles de justicia y derechos humanos sin una respuesta favorable, relató Mons. Gadecki.

La madre y hermanas de RS presentaron a la justicia grabaciones de video alegando que muestran al paciente polaco con mejorías en su salud. Además, señalaron que como católico practicante RS está "en contra del aborto y la eutanasia y no le gustaría morir de esa manera". Pese a ello, la Corte Suprema desestimó sus argumentos.

Mons Gadecki, que también es vicepresidente de las Conferencias del Consejo Episcopal de Europa (CCEE), recordó que ellas apelaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero este "rechazó su denuncia en varias ocasiones, lo que permitió que el hospital continuara con el procedimiento para quitarle la vida al paciente".

El Prelado recordó las palabras de San Juan Pablo II presentes en la Encíclica Evangelium vitae, donde el santo advierte que existe una "conspiración contra la vida" que "involucra no solo a los individuos en sus relaciones personales, familiares o grupales, sino que va mucho más allá, hasta el punto de dañar y distorsionar, a nivel internacional, las relaciones entre pueblos y Estados".

El Santo Padre explica que "es posible hablar en cierto sentido de una guerra de los poderosos contra los débiles: una vida que requeriría una mayor aceptación, amor y cuidado se considera inútil, o se considera una carga intolerable y, por tanto, rechazada de una forma u otra".

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Finalmente, el Pontífice afirma de forma concreta que "una persona que por enfermedad, minusvalía o, más simplemente, por el simple hecho de existir, compromete el bienestar o el estilo de vida de los más favorecidos suele ser considerada como un enemigo al que hay que resistir o eliminar".

La Corte de Protección de Reino Unido estuvo de acuerdo con la desconexión de RS, pese a que anteriormente aceptó las afirmaciones de los médicos que indicaban que RS podría vivir cinco años, aunque tal vez no superase "un estado de conciencia mínima" en el que apenas podría "reconocer la presencia de otro ser humano".

Para el juez, mantener con vida a RS no es lo mejor, porque está  "en un estado que no le proporciona la capacidad de obtener ningún placer y que es tan molesto para su esposa e hijos".

El 14 de enero se publicó una carta de la Corte de Apelación con fecha del 13 de enero en la que informa a la madre y hermanas de RC que rechazó su solicitud y que permite que se le vuelvan a retirar las sondas de alimentación a partir de las 18 horas de ese mismo día.

Otros casos similares en Reino Unido

No es la primera vez que la Corte Suprema de Reino Unido falla a favor de la desconexión de sistemas de soporte vital de personas con daños cerebrales.

El caso más reciente es el de Midrar Ali, que fue desconectado de su respirador luego de que jueces acordaran con los médicos del St. Mary's Hospital (Manchester), que el tronco cerebral del niño estaba muerto. Sin embargo, el criterio fue controversial, pues no es considerado un causal de "muerte" de la persona por muchos países.

Los padres del bebé lograron tener evidencias de que su hijo "sigue creciendo". "Sus ojos se mueven. Los he visto moverse", dijo el padre, según el periódico británico The Guardian.

En declaraciones a CNA del 26 de febrero de 2020, el PhD, bioético y director de educación del National Catholic Bioethics Center, P. Tadeusz Pacholczyk, dijo que la justicia británica tomó la decisión desde un enfoque "poco ortodoxo y cuestionable", pues "la muerte del tronco encefálico no necesariamente equivale a la muerte", sino la "muerte cerebral total".

Asimismo, aseguró que "las personas con daños cerebrales merecen el pleno respeto y participan plenamente de la dignidad humana, igual que las personas cuyos cerebros no están dañados. Se merecen recibir tratamientos razonables ('proporcionales') tanto como cualquier otra persona", agregó.

En ese sentido, "el primer papel de un hospital no es negociar en 'evaluaciones de dignidad' sobre la vida de un paciente en particular, ni tratar de emitir juicios subjetivos sobre la 'calidad de vida' de alguien, sino brindar atención a los pacientes y ayudar a facilitar diálogo productivo entre familiares, profesionales médicos y otros para que se puedan ofrecer intervenciones razonables a los pacientes".

Otro caso conocido es el de Tafida Raqeeb, que tras sufrir un daño cerebral en 2019, fue desahuciada por los médicos y condenada por la justicia británica a que el Royal Hospital de Londres ordenara retirarle el "tratamiento con soporte vital". La familia inició una compleja batalla legal para trasladar a su hija de entonces 5 años a un hospital italiano que ofreció recibirla.

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Luego de tanto luchar, la niña llegó a Italia para seguir su tratamiento al Instituto Gaslini de Génova y según la prensa local, a los pocos meses, el director del área de cuidados intensivos neonatales Andrea Moscatelli dijo que la pequeña "ya no necesita cuidados intensivos", que estará en observación y que requeriría respiración asistida en su casa.

El caso de Tafida "es prueba de que siempre se debe defender la vida y que toda persona tiene el derecho de ser cuidada y ayudada", dijeron los dirigentes de la organización italiana Pro Vita & Famiglia el 8 de enero de 2020.

El 30 de julio de 2018, la Corte Suprema de Reino Unido dictaminó que ahora será posible retirar alimentos y líquidos de pacientes con daño cerebral sin recurrir a ningún tribunal, únicamente cuando haya mutuo acuerdo entre familiares y médicos. El fallo podría afectar hasta a 24 mil pacientes en Reino Unido que están en estado vegetativo permanente o mínimamente conscientes.

Para el Dr. Peter Saunders, director de la coalición británica Care Not Killing, el fallo es "preocupante", pues "hará más probable –añadió– que los pacientes severamente dañados cerebralmente morirán de hambre o deshidratados bajo un supuesto 'mejor interés' y que estas decisiones estarán más influenciadas por aquellos que tienen intereses ideológicos o financieros".

 

 

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