23 de noviembre de 2024 Donar
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Padres y colegios recurren al Parlamento Europeo ante la nueva ley educativa de España

Sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Foto: Pixabay

La Plataforma "Más Plurales" presentó una solicitud de amparo al Parlamento Europeo ante la reforma educativa en España, conocida como Ley Celaá, debido a que supone una "grave vulneración de los valores sobre los que se fundó la Unión Europea".

La reforma educativa es conocida como Ley Celaá en alusión a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, quien en enero de 2020 fue criticada por decir que los hijos no pertenecen a los padres. "No podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres. Hablamos de interés del menor, de los derechos constitucionales de los menores", expresó el 17 de enero del año pasado.

"Más Plurales", que aglutina a profesores y empleados de centros educativos concertados, familias, alumnos y colegios, presentó la solicitud de amparo al considerar que la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), o Ley Celaá, conculca la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 2 del Tratado de la Unión.

En ese artículo 2 del Tratado de la Unión Europea es donde se consagran "los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos".

Además, la Plataforma Más Plurales anunció también que "en los próximos días la Plataforma presentará ante la Comisión Europea una denuncia contra el Estado español por el grave riesgo inminente de vulneración de Derechos Fundamentales y de Libertades del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que supone la aprobación y entrada en vigor de la LOMLOE".

Entre los puntos más controvertidos de esta ley están la eliminación del castellano como lengua principal en la que estudian los niños en la escuela y oficial del Estado, la supresión del derecho de los padres a elegir el colegio con el ideario que consideren, y la discriminación de la asignatura de Religión que queda totalmente postergada.

España cuenta con un sistema de colegios privados concertados con el Estado que permite a las iniciativas educativas privadas, la mayoría de las cuales son católicas, recibir importantes recursos económicos del gobierno. Cerca del 50% de los estudiantes españoles asiste a escuelas y colegios concertados.
 
La nueva ley educativa dificulta a los padres elegir el modelo educativo que deseen para sus hijos al impedir asistir a un colegio concertado si viven en un barrio donde existe un colegio público. Se trata tanto de un menoscabo del derecho de los padres a la libertad educativa como un golpe para los colegios concertados, que ahora tendrán más dificultades para sobrevivir económicamente.

En un comunicado difundido por la Plataforma este martes 19 de enero, día en que entra en vigor la Ley Celaá, se afirma que la LOMLOE es "sin duda la peor ley orgánica de educación de nuestra reciente etapa constitucional".

 

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Se subraya que es "una Ley aprobada con un escaso apoyo, con el menor número de votos parlamentarios de todas las leyes educativas democráticas y con una tramitación parlamentaria en la que se ha vetado la intervención de la sociedad civil".

"Han intentado acallar la voz de una parte muy importante de la comunidad educativa y aprovechando el tiempo de pandemia, pero, aun así, el rechazo a la Ley Celaá ha sido contundente y numeroso por parte de la ciudadanía, que ha expresado en las calles y en las redes sociales su opinión, participando en la campaña de protesta que está desarrollando la Plataforma Más Plurales".

En el comunicado se recuerda que "casi dos millones de ciudadanos han firmado el Manifiesto de la Plataforma Más Plurales contra la LOMLOE y a favor de la libertad y la pluralidad. Se han celebrado manifestaciones en las que miles de coches han recorrido las calles de las principales ciudades de todo el Estado en señal de protesta por el contenido y la forma en que se ha tramitado esta Ley".

Sin embargo, continúa el comunicado, "el Gobierno ha hecho caso omiso de toda esta reacción social, despreciando a este movimiento ciudadano e imponiendo una Ley que no responde a las necesidades ni al interés del conjunto de la comunidad educativa y de la sociedad".

Asimismo, advierte del corto recorrido que tendrá esta ley, ya que "nace con el anuncio de varios partidos políticos de presentar recursos de inconstitucionalidad y con el compromiso de derogarla cuando haya cambio de gobierno".

De hecho, varios gobiernos de comunidades autónomas ya han anunciado medidas legislativas en los parlamentos autonómicos para desactivar los puntos más dañinos de la ley.

Sin ir más lejos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció la tramitación parlamentaria de una Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa que garantizaría en esta región el derecho de los padres a elegir el centro educativo para sus hijos, un derecho que se pretende menoscabar en la Ley Celaá.

En definitiva, se lamenta en el comunicado de Más Plurales, "no es esta la estabilidad que desea y necesita nuestro sistema educativo".

Según "Más Plurales", la LOMLOE "obedece a intereses partidistas con un claro sesgo ideológico, conculca y limita derechos y libertades individuales y colectivos, perjudicando especialmente al sector de la enseñanza concertada, al primer ciclo de la Educación Infantil y a la Educación Especial, a las familias, a los trabajadores y a los titulares de todos estos centros".

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