Proyecto de eutanasia en Chile avanza en la cámara de diputados

La solicitud de "asistencia médica para morir", es decir que un profesional de la salud administre "una sustancia" que cause la muerte o supervise la autoadministración de ella, debe expresarse por escrito.

Solo cuando la persona esté imposibilitado de ello, podrá manifestarse verbalmente o mediante otra forma. La solicitud debe realizarse ante un ministro de fe y dos testigos que no tengan interés patrimonial en la muerte del declarante.

La persona debe encontrarse consciente al momento de la solicitud y manifestar su voluntad "expresa, razonada, reiterada, inequívoca y libre de cualquier presión externa".

Si el paciente se encuentra inconsciente y "dicho estado sea irreversible o esté privado de sus facultades mentales, procederá la asistencia médica para morir sólo en el caso de que medie una declaración que conste en un documento de voluntad anticipada", describe el proyecto.

Durante la votación, los diputados rechazaron por 74 votos a favor, 61 en contra y cuatro abstenciones el articulado que establecía la solicitud de la práctica por parte de menores de edad.

De esa forma, se quitaron los artículos referidos a los menores entre los 14 y 16 años, que según el texto debían contar con la autorización de su representante legal. A falta de representante legal, el paciente podía solicitar la intervención de un juez de familia.

En el caso de los menores entre 16 y 18 años de edad, se establecía que el médico tendrá la obligación de informar a sus representantes legales, pero la solicitud continuaría su curso.

El investigador de Comunidad y Justicia, Ignacio Suazo, dijo a ACI Prensa que si bien el proyecto es específico en algunos puntos, tiene varias "falencias o dificultades" que lo complican.

Comunidad y Justicia precisó en un documento que el proyecto atenta gravemente contra "la libertad y la dignidad inherente de la vida humana".

 

 

El proyecto "no garantiza las condiciones mínimas para el ejercicio de la autonomía del paciente", es decir, la decisión libre "no está asegurada en este proyecto".

Asimismo, aseguró que el proyecto "no incorpora comisiones revisoras y apenas establece restricciones que en otros países sí se han establecido". 

También, deja de lado la experiencia comparada que entrega mayor importancia a los cuidados paliativos y como consecuencia hace que el paciente desista de la solicitud de eutanasia; no toma en cuenta la relación entre los índices de depresión y de solicitudes de eutanasia.

"La vida no es un bien de consumo, que pueda ser disponible. Este proyecto revela un estado de nuestra sociedad que no es sano: una cultura de la muerte y de la vida como algo instrumental o funcional al placer, al poder, a la producción, que no aprecia la vida como un don sagrado e inmerecido", describe el documento de Comunidad y Justicia.

En una columna publicada en el diario La Tercera, el Instituto de Estudios de la Sociedad (IES)  expresó que "cabe preguntarse por cómo tratamos las enfermedades más graves y bajo qué condiciones extendemos la existencia".

"¿Vale la pena alargar la vida siempre y a toda costa? Una aparente salida fácil ante el sufrimiento del enfermo es la eutanasia, pero si las condiciones que rodean la muerte (y la vida) son miserables e indignas, parece lógico preguntarse por esas condiciones particulares", agregó.

En ese sentido, los cuidados paliativos "apuntan justamente a llenar los últimos momentos de la vida de dignidad. En Chile, aún han sido poco explorados y constituyen una salida clara a problemas de esta índole. La pregunta muchas veces no es hasta qué punto extendemos artificialmente la vida, sino en qué condiciones".

El IES insistió en la necesidad de "recuperar la distinción elemental entre matar y dejar morir. Esto último es muy humano. Lo primero atenta contra la dignidad de cada persona, aunque nuestros diputados ayer lo hayan olvidado", concluyó.