BUENOS AIRES,
Más de tres mil personas marcharon por las calles de San Luis, para reclamar al gobierno que restituya a las organizaciones católicas el manejo de varios hogares de niños y ancianos, cuyo contrato fue rescindido por el presidente de la provincia, Alberto Rodríguez Saá.
El Obispo de San Luis, Mons. Jorge Lona, advirtió que dicha decisión ha tenido “voluntad de agraviar a la Iglesia entera”.
La superiora de la congregación de las Hermanas del Divino Redentor, María Hatharina Wittman, pidió ayuda al Presidente Néstor Kirchner y aseguró que “existe una persecución por parte del gobierno de esa provincia hacia las congregaciones religiosas”.
“Esta situación no viene de ahora, sino que tiene años pero se ha hecho más fuerte desde el pasado 20 de enero al recibir un documento donde se rescinde el contrato”, comentó la religiosa.
Según explicó la hermana Wittman, la resolución del gobierno para rescindir el convenio se basó en las declaraciones del ministro de Cultura del Trabajo, Eduardo Gomina, que atribuyó a las organizaciones católicas problemas que no fueron investigados.
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