La Ley Celaá “tiene visos de convertirse en la peor ley educativa de la democracia”

La Ley educativa sin consenso

La Ley Celaá pretende derogar la actual ley de educación aprobada por el gobierno del Partido Popular en el año 2003 llamada Ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Desde el Gobierno socialista, actualmente en el poder en España, aseguran que la LOMCE se probó sin consenso pero la Ley Celaá no reúne muchos más apoyos, por eso Muñoz de Priego asegura que "es inconcebible que el principal motivo que den para derogar la LOMCE de prisa y corriendo, en plena pandemia, sea que tienen el compromiso de derogarla por carecer de consenso, y su respuesta sea otra ley partidista más, en la que no sólo no ha habido consenso, sino que ni siquiera ha habido intención de diálogo. La LOMLOE tiene visos de convertirse en la peor ley educativa de la democracia". 

De hecho, subraya que La Ley Celaá "de momento, es la que menos apoyo ha obtenido en el Congreso" y destacó que "hasta ahora todas las leyes educativas de esta reciente historia democrática en España han sido partidistas y sin consenso".

Sin embargo afirma que nos encontrábamos ante "una ocasión histórica, porque todo el arco parlamentario había reconocido la necesidad de un pacto de Estado por la educación y una ley de consenso que dotara de estabilidad a un sistema educativo castigado por constantes reformas".

Pero "la inconsciencia de este Gobierno no solo nos lleva a otra ley más, también con fecha de caducidad, sino que va a imposibilitar, más que probablemente, que en los próximos gobiernos se pretenda ese pacto educativo. De hecho, el PSOE queda claramente deslegitimado para pedir una ley de consenso en futuras legislaturas".

Aspectos inconstitucionales

Actualmente la Ley Celaá ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados y continúa su tramitación en el Senado en los próximos meses, para después ratificarse definitivamente. Por lo tanto, Muñoz de Priego subraya que "mientras exista tramitación, y por difícil que sea el cambio, estamos obligados a intentarlo. Es la responsabilidad que hemos adquirido con todas las personas que nos vienen apoyando desde el principio", subrayó.

De hecho subraya que "en muchos de los aspectos que venimos criticando relacionados con el ejercicio de la libertad de enseñanza, es cuestionable su constitucionalidad" y destaca que "da toda la impresión de que se está intentando modificar la Constitución por la puerta de atrás, por la legislación de desarrollo".

En ese sentido precisa que "en el tema de la libertad de elección, del español, de la diferenciada, … será posiblemente objeto de recurso de insconstitucionalidad", pero todavía "no es el momento de pensar en eso" porque "aún hay tramitación parlamentaria y nuestro esfuerzo sigue centrado en la denuncia y la modificación de la ley".

"Ya habrá tiempo para el Constitucional, la Unión europea, la aplicación en Comunidades autónomas y las actuaciones judiciales concretas cuando se quieran reducir unidades concertadas con demanda social, como ya lo han intentado en las Comunidades autónomas gobernadas por el PSOE o por el PSOE y Unidas Podemos, en todos estos últimos años", subrayó.

Aplicación en las Comunidades Autónomas

En ese sentido Muñoz de Priego explicó que la educación es una de las competencias plenas que tienen las Comunidades autónomas en España. Eso quiere decir que hay una parte de la ley que es "normativa básica" y que por tanto debe aplicarse como tal en todo el territorio. Pero también hay "ámbitos trascendentales" que dependen "de la aplicación en las comunidades autónomas, como es el caso de la educación concertada o a la educación especial específica por la que "la ley posibilita el ataque, pero no obliga al mismo" y esto queda a la consideración de los gobiernos de cada autonomía.

Sin embargo, el portavoz de Más Plurales insiste en la importancia de la actual tramitación parlamentaria en el Senado ya que muchas Comunidades autónomas de España están gobernadas por coaliciones y mayorías débiles, por lo que dificulta paliar los efectos negativos de la Ley Celaá.

"Está bien que las Comunidades autónomas se posicionen para aplicar la ley, dentro de la legalidad, lo menos, lo peor y lo más tarde posible. Pero seríamos unos ingenuos si ponemos toda nuestra apuesta a eso. Los cambios de gobiernos autonómicos están siendo muy habituales", destacó.

Ley Celaá

La LOMLOE es la Ley Orgánica de Mejora de la Ley Orgánica de Educación, también conocida como Ley Celaá en referencia a la Ministra de Educación del actual gobierno socialista de España, fue elaborada por PSOE y Podemos e inició su trámite durante el periodo de estado de alarma por la pandemia de COVID, sin oír el parecer de la comunidad educativa y, por supuesto, sin consenso. Fue aprobada por el apoyo que recibieron de los partidos independentistas catalanes y vascos. 

Más Plurales ha reunido, hasta el momento, más de 1.8 millones de firmas contra la aprobación de la Ley Celaá, ya que alegan que en esta nueva ley educativa es "la imposición de un modelo de educación único, estatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa actual".  

De esta manera, apuntan que "será el Estado" y no los padres "quien decida la educación que han de recibir los hijos" y en este modelo educativo no habrá espacio "para la educación concertada. Miles de colegios cerrarán en los próximos años. Ni para la asignatura de religión, que vuelve a ser postergada. Ni, por supuesto, para la educación especial, la cual pese al clamor de los padres afectados, también desaparecerá". 

Un modelo "fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo que es clave en una sociedad democrática". 

Plataforma Más Plurales 

Más Plurales integra a más de 260 mil profesionales, docentes y no docentes que ven peligrar la continuidad de sus centros y sus puestos de trabajo; cerca de 4 millones de familias a la que se les limita el derecho a elegir el tipo de educación qeu quieren o mejor se adecúa a las necesidades de sus hijos; más de 3 millones de alumnos que eligen voluntariamente, en centros de titularidad pública y privada, cursar la asignatura de Religión; así como más de 9.300 centros de la red concertada y privada que ven peligrar la continuidad de sus proyectos educativos.