El domingo 29 de noviembre, un juez del Consejo de Estado ordenó al Gobierno francés revisar la medida que limita la participación en los oficios religiosos a 30 personas y le concedió tres días para presentar un nuevo protocolo que permita acoger a los feligreses en función del tamaño de los templos.
La decisión del Alto Tribunal responde a la demanda realizada por la Conferencia Episcopal Francesa, la cual manifestó su descontento e indignación frente a las decisiones del presidente Emmanuel Macron y del primer ministro Jean Castex, "irrespetuosa de la realidad de la práctica religiosa de los católicos".
El martes 24 por la noche Macron anunció que el país entraba en una nueva etapa de lucha contra la pandemia y entre las medidas estaba la limitación de máximo 30 personas en las iglesias, sin importar la capacidad del templo.
Los obispos y algunos representantes de movimientos católicos expresaron que se sienten excluidos porque, mientras que a los comerciantes y a los otros sectores autorizados solo se les pide respetar una distancia de ocho metros cuadrados por cliente, a las iglesias se les impuso una limitación fija de 30 personas, independientemente si se trata de una capilla o de una catedral.
Un ejemplo es la iglesia Saint-Sulpice de Paris, la segunda iglesia más grande de la capital. La superficie de este edificio es de 6.840 metros cuadrados. Si allí se acogen solamente 30 feligreses, se estaría hablando de 228 metros cuadrados por persona, mientras que para los comerciantes es de tan solo ocho metros cuadrados.
Después de revisar la petición de los obispos, el juez declaró que la medida impuesta por el Gobierno es "desproporcionada" a la capacidad de los edificios, además que puede ser considerada como una restricción al derecho de libertad de cultos, consagrado en la Constitución.