El Foro de la Familia en su sede en Valencia manifestó su profundo rechazo a la obra "Poder y Santidad" que se estrenará el próximo 16 de octubre en Valencia (España) y explicaron que ante el uso de fondos públicos para la financiación de esta obra los ciudadanos que no comparten esos prejuicios ideológicos "tienen derecho a pensar que la obra es un discurso de odio que agrede a ciudadanos, limitando sus derechos al considerarlos de segunda categoría".
En el cartel de la obra se presenta a un hombre vestido con sotana y solideo blanco, vestimentas propias del Papa, besando a un niño en la boca. Además, según el autor de la obra pretende ser "una enmienda a la totalidad comenzando por la Iglesia católica. No contra la Iglesia de los pobres que debería ser, no contra la Iglesia de la Teología de la Liberación. Sí contra el Estado Vaticano y su oscurantismo. Sí contra sus inversiones en paraísos fiscales. Sí contra la curia romana que esconde casos de pederastas".
Desde el Foro de la Familia aseguraron "la voluntad de defender los derechos y libertades de las familias y los ciudadanos nos lleva a rechazar la utilización de los impuestos de todos los valencianos, especialmente teniendo en cuenta la gravedad de la situación social y económica actual, para sostener iniciativas privadas de carácter ideológico y talante sectario".
También aseguraron que ya han presentado "una Queja ante el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, defensor de los derechos y libertades de los valencianos, fundamentada en el deber de neutralidad ideológica de las Administraciones Públicas y en la no generación de división y conflictos entre los ciudadanos, con cuyos impuestos se financia esta obra y su hiriente campaña de difusión".
Ignacio García Juliá, Presidente del Foro de la Familia aseguró que "el deber de neutralidad obliga a las administraciones públicas, cualquiera que sea su nivel, y más si se trata de actuaciones que puedan herir los sentimientos de una mayoría de creyentes".
Desde el Foro de la Familia aseguran que "ante el manido recurso de intentar desacreditar a los ciudadanos con opiniones diferentes a las del autor y los gestores de las instituciones que han decidido utilizar fondos públicos para financiarlas, manifestamos que no estamos ante una cuestión de censura o de limitación de la libertad de expresión".