BUENOS AIRES,
Tras la decisión de las autoridades provinciales de San Luis para expulsar a las congregaciones religiosas de las entidades dedicadas al cuidado de niños en riesgo, dejándolas en manos del Estado, la Iglesia local respondió con un comunicado que denunció esta medida por “desconocer la realidad e ir contra el sentido común”.
El comunicado –firmado por los Hermanos Terciarios Capuchinos, las Hermanas de la Consolación y las Hermanas del Divino Redentor– resalta el trabajo de las órdenes por promover “la integración familiar, buscando otras ‘familias alternativas’, cuando la de origen no era la indicada para el retorno de sus miembros”; y subraya que “las instituciones educativas no son un lugar de vida definitivo, sino transitorio en función de un proceso educativo y superador de una problemática especifica”.
Inspirada en el modelo de Jesucristo que quiso nacer en una familia humana, “la Iglesia promueve el desarrollo y fortalecimiento de las familias, llamadas a ser iglesia doméstica, donde padres e hijos, basados en una relación de amor, respeto y diálogo, afronten juntos el desafío de crecer como personas y aporten a la construcción de un mundo mejor”, afirma el texto.
“La Iglesia promueve la defensa y estabilidad de la familia, protege sus derechos y proclama la indisolubilidad del vínculo matrimonial”, explica el comunicado y agrega que “acusar a las instituciones dirigidas por comunidades religiosas católicas de ser un obstáculo para la ley es desconocer la realidad e ir contra el sentido común. ¿De qué sirve atender a las personas en una Institución si ni se cree en el valor de la familia y en la necesidad de retornar a ella?”
“Durante el tratamiento de la ‘Ley de Familia Solidaria’, se desarrollaron intensos debates, donde los tres Poderes del Estado participaron, al igual que la sociedad y la Iglesia. En aquel entonces fue necesario señalar que la Ley debía buscar mecanismos para atender en primera instancia a la familia biológica en dificultades, y tratar de resolverlas al interior de su seno, evitando su desintegración. Lamentablemente esto no quedó incluido en su texto”, añade el texto.
El comunicado precisa que “la autoridad de aplicación de la ley, a través de los mecanismos del propio Estado, será la responsable de velar por el adecuado cumplimiento del espíritu del texto legislativo, sobre todo teniendo en cuenta que las personas beneficiadas son las que han experimentado mayores abandonos, sentimientos de soledad y, en no pocos casos, situaciones de abusos y maltratos”.