MADRID,
Más de 27 mil personas han firmado una declaración de apoyo a la comunidad de benedictinos de la abadía del Valle de los Caídos (España), que podrían ser expulsados mediante la nueva Ley de Memoria Democrática anunciada por el gobierno español tras el Consejo de Ministros el pasado martes 15 de septiembre.
Esta nueva Ley, de la que todavía solo se ha redactado el anteproyecto y que deberá pasar ahora por las Cortes para su redacción final y aprobación, pretende eliminar todo vestigio del régimen de Franco en la sociedad y honrar a los que lucharon por la república durante la Guerra Civil y en los años posteriores.
Entre las medidas que recoge el anteproyecto de ley está "resignificar" el Valle de los Caídos, en cuyo cementerio de Cuelgamuros están enterradas más de 30 mil víctimas de la Guerra de ambos bandos, y convertirlo en un lugar de "memoria pedagógica democrática".
Para ello, pretende que el Valle pase a ser un "cementerio civil" y deje de ser "un monumento de exaltación a los vencedores de la Guerra Civil". Otras medidas que se prevén adoptar son la extinción de la Fundación de la Santa Cruz, que podría implicar la expulsión de los benedictinos, y la exhumación de las víctimas cuyos familiares así lo soliciten.
Además, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, anunció que se procedería a una "reflexión" sobre la gran cruz que se alza sobre el promontorio en el que está excavada la basílica del Valle de los Caídos, de 150 metros de altitud.
Esa "reflexión" fue interpretada por algunos analistas como una puerta abierta a la posibilidad de que sea derribada, como exigen algunos partidos de extrema izquierda aliados del gobierno socialista.