Este pronunciamiento suscitó la suspensión por un tiempo de algunos de los sacerdotes denunciantes, a quienes luego se les habría levantado la sanción tras la intercesión del Nuncio Apostólico en Perú, Mons. Nicola Girasoli, quien viajó al lugar.
Prelatura de Caravelí acepta a sacerdote investigado
ACI Prensa encontró al P. Manuel Mendoza Ruiz en Huamachuco. “Ya la Iglesia no ha encontrado nada contra mí”, dijo el sacerdote y agregó que “he ingresado a la Prelatura de Caravelí pero por la pandemia y mi diabetes, he regresado con mi familia. No tengo todavía ninguna parroquia en Caravelí”.
ACI Prensa escribió a la Prelatura de Caravelí, a cargo del Obispo Reinaldo Nann, para confirmar si el P. Mendoza había sido aceptado para trabajar en esa jurisdicción eclesiástica ubicada en el departamento de Arequipa, en el sur del Perú.
El 4 de agosto de 2020, la Prelatura respondió que el P. Mendoza, “fue denunciado por abuso sexual de un menor ante el obispo de Huamachuco en 2016 por un hecho, que supuestamente pasó en el 2015. El Padre fue investigado y procesado por la Prelatura de Huamachuco en coordinación con la Congregación por la Fe (sic) en el Vaticano”.
La Prelatura parece referirse a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Dicasterio del Vaticano que se encarga de las investigaciones sobre abusos sexuales.
Según la respuesta de la Prelatura, el P. Mendoza “durante su proceso fue suspendido de sus funciones sacerdotales ad cautelam (2016-2018). Su proceso terminó en 2018, absolviéndolo por no encontrar pruebas sólidas, de que se haya producido el abuso”.
El texto agrega que “la misma denuncia se hace en mayo de 2017 ante la fiscalía de Huamachuco. Hasta agosto del 2020 está en calidad de investigado y no de acusado. El P. Manuel está colaborando con la justicia civil de Huamachuco. Se espera el archivamiento del caso. Si la justicia civil lo encontraría culpable en algún momento, la justicia eclesial reabrirá de nuevo su caso”.
También señala que el P. Mendoza conversó con Mons. Reinaldo Nann “a inicios de 2020, para trabajar en esta jurisdicción. Después de un examen sicológico exhaustivo y el permiso del obispo de Huamachuco se le dio esta posibilidad, aunque por la crisis del Covid no ha sido posible, que el Padre Mendoza se traslade a la Prelatura de Caravelí” y confirma que el sacerdote debe de estar con su familia “sin ejercer su ministerio”.
Sin embargo, en su último comunicado sobre el caso, la Prelatura de Huamachuco no hace referencia a que el P. Mendoza fuera absuelto en el fuero eclesial en 2018 como dice la Prelatura de Caravelí. Tampoco menciona que fue aceptado para trabajar en esta última.
Previamente, en abril de 2019 un comunicado firmado por el entonces Obispo-Administrador Apostólico de Huamachuco, Mons. Emiliano Cisneros, informó al clero local que el P. Mendoza Ruiz tenía prohibido ejercer su ministerio “con la salvedad de someterse a un examen y terapia sicológicas en un régimen de internado, si así lo elige voluntariamente, de lo contrario otras sanciones se podrán considerar oportunamente”.
La fuente consultada por ACI Prensa señaló que la fiscalía local archivó el expediente del P. Mendoza Ruiz, pero la justicia eclesial “fue más severa” al imponerle restricciones y prohibiciones que son fruto “de otras indagaciones”, con lo que se demuestra “que su idoneidad es muy cuestionable”.
La misma fuente explicó a ACI Prensa que es justo “reconocer la imparcialidad y buen hacer” de Mons. Cisneros porque “los casos que llegaron a sus manos fueron resueltos con rectitud, prontitud y competencia doctrinal”.
Sacerdote suspendido por abuso sexual es director de un colegio
ACI Prensa entrevistó al sacerdote diocesano Ángel Cachay Malo, que sirve actualmente en una parroquia en la localidad de Tayabamba en la Prelatura de Huamachuco.
El P. Cachay relató que cuando era seminarista, el sacerdote –ahora suspendido– Tulio Montenegro Infante le insinuaba tener relaciones sexuales.
“Cuando nos íbamos de regreso de Huamachuco a Tayabamba, luego de la ordenación episcopal de Sebastián Ramis, en un lugar llamado Chahuán nos dieron un cuarto para dormir todos: soldados, catequistas y seminaristas. Tulio me llamaba. Ven a mi lado, aquí está tu espacio. En la madrugada comenzó a bajarse el pantalón, darse vuelta hacia mí como para tener relaciones, yo no acepté esas cosas”, dijo el P. Cachay.
Según el sacerdote, este episodio lo hizo dudar de su vocación. “Yo no acepté esas cosas. Ahí sí me hizo llorar. Lloraba de impotencia, de cólera, quería golpearlo, levantar a toda la gente que estaba ahí al costado durmiendo”, recordó.
En 2016, Montenegro también fue acusado por Héctor Reyes Prieto, un joven huérfano que luego presidiría la Asociación de víctimas de abuso sexual del Perú, de obligarlo a “tener relaciones sexuales bajo amenaza”.
Los presuntos abusos habrían ocurrido entre 1994 y 2001, mientras vivía una experiencia vocacional en una parroquia del distrito de Buldivullo, a cargo de Montenegro. Según Reyes Prieto, los abusos terminaron cuando escapó de la parroquia, de la cual el sacerdote le había prohibido salir durante casi 7 años.
Las denuncias de abuso sexual contra Montenegro prescribieron en el fuero civil, pero la justicia eclesial sí lo sancionó en 2018.
Además, en abril de 2019, Mons. Emiliano Cisneros informó al clero local que a Montenegro se le prohibió de manera “permanente ejercer el ministerio presbiteral en público y no puede presentarse en ningún caso como sacerdote”. Actualmente las penas que se le impusieron están en apelación en el Vaticano.
“El cúmulo de indicios de una conducta permanente y violatoria del celibato lo hacen poco o nada idóneo para el ejercicio del ministerio”, dijo la fuente a ACI Prensa.
Sin embargo, “las pruebas ofrecidas por el principal de sus acusadores no son conclusivas, especialmente por Héctor Reyes Prieto” quien ha visto en la condena de Montenegro “una victoria para su causa: la de la promoción del movimiento homosexual y la posible obtención de una suma de dinero. La Prelatura le ofreció ayuda profesional, espiritual, psicológica, etc. pero no dinero”.
La condena de Montenegro se dio por las “interminables acusaciones muy verosímiles” en su contra, así como las afirmaciones propias en el examen personal y otros elementos”, agregó la fuente.
Montenegro siguió trabajando como maestro y ahora es director de la escuela secundaria estatal “Manuel Scorza” en la localidad de Pataz cercana a Huamachuco.
ACI Prensa consultó al Ministerio de Educación (Minedu) sobre el caso de Montenegro.
El 24 de agosto, el Minedu informó que cuatro imputaciones de hostigamiento sexual de Montenegro contra dos profesores, varios alumnos y un vigilante entre 2005 y 2017, finalmente fueron archivadas.
Sin embargo, el organismo ha decidido revisar la situación de Montenegro y ha solicitado –según indicó a ACI Prensa– a la Prelatura de Huamachuco información sobre las razones por las cuales Montenegro “fue apartado del ejercicio público del ministerio sacerdotal”.
El Minedu recordó que en Perú está vigente la Ley Nº 29988, “que establece medidas tales como la separación definitiva del sector educativo, al personal docente y administrativo de instituciones educativas públicas y privadas con condenas por delitos de violación de la libertad sexual, entre otros”.
Los casos de Trujillo
Trujillo es capital del departamento de La Libertad. Allí está la sede de Arquidiócesis de Trujillo, que tiene como jurisdicciones sufragáneas a las diócesis de Cajamarca, Chimbote, Huaraz, Huari, así como las prelaturas de Huamachuco y Moyobamba.
En el 2016, mientras la Prelatura de Huamachuco investigaba las denuncias de abuso sexual, el Arzobispado de Trujillo hacía lo propio ante las denuncias contra los presbíteros William José Costa Serrano y Segundo Asunción Fernández Haro por “participar en fiestas en las cuales se bebía licor y prostituía a adolescentes”. Tras las acusaciones ambos fueron suspendidos.
El comunicado del 13 de julio del Arzobispado de Trujillo señala que “la suspensión ad cautelam de todas las obligaciones ministeriales” de ambos sacerdotes “se mantiene vigente hasta hoy”.
En Trujillo las presuntas víctimas debían declarar ante una comisión en la que era delegado el P. Ricardo Angulo Bazauri. Sin embargo, los denunciantes Héctor Reyes Prieto y Juan Blanco Ramírez no quisieron dar su testimonio ante él porque aseguraron haberlo visto en las fiestas donde se prostituía a menores.
Ante la desconfianza de las víctimas hacia el P. Angulo, tomó nota de las denuncias el P. Ignacio Gómez T.O.R.
Según consta en su testimonio grabado de 2016, Reyes dijo que “el Padre Angulo mandó un emisario llamado Jorge Manrique para que yo me retractara sobre Ricardo Angulo. Por ello él me iba a dar un dinero. ‘A Juan Blanco le vamos a dar 15 mil soles [unos 4.200 dólares] y a ti 20 mil [unos 5.600]’, me dijo, ‘pero primero tienes que firmar la carta en la que dices que a él no lo has visto participar de estas fiestas. En el papel decía Yo me retracto (…) Tú sabes que el Padre es así. A Ricardo Angulo no lo toquemos. Yo lo defiendo porque es mi paisano’”.
El 15 de agosto de 2020 ACI Prensa preguntó al P. Ignacio Gómez si informó al P. Ricardo Angulo sobre la acusación del envío de un emisario para comprar el silencio de las víctimas, a lo que P. Gómez respondió: “Lo siento, no recuerdo si lo hice”.
El comunicado del Arzobispado de Trujillo del 13 de julio de 2020 señala que sobre el P. Ricardo Angulo Bazauri “no ha recibido denuncia de ningún tipo y no ha sido denunciado ni en lo civil ni en lo canónico”.
El P. Angulo es el actual Gerente de Desarrollo Institucional de la Universidad Católica de Trujillo. Fue Vicario General de Mons. Héctor Cabrejos y presidente del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo.
El 14 de agosto de 2020 ACI Prensa le envió fotografías a Héctor Reyes Prieto y este identificó en ellas al que sería el emisario del P. Angulo. Reyes dijo que se trata de Jorge Manrique Catalán, director de la Oficina de Educación Católica (ODEC) de Trujillo.
Este no es el único episodio que involucra al P. Ricardo Angulo.
En la entrevista concedida a ACI Prensa, el P. Ángel Cachay acusó al P. Angulo de abusar repetidamente de un seminarista –cuyo nombre mantenemos en reserva– en el Seminario San Carlos y San Marcelo de la Arquidiócesis de Trujillo.
“Casi siempre, todas las mañanas salía Ricardo Angulo del cuarto de él. Parecía raro si el reglamento del Seminario era bien estricto”, dijo el P. Cachay cuya habitación estaba al lado del de la presunta víctima.
“Eso era normal y pasaba a vista y paciencia de todo el seminario”, agregó.
Al ser consultado sobre si alguna vez le preguntaron algo al seminarista, el P. Cachay dijo que “no, nadie se metía. Se callaban la boca. Lo que pasa es que cuando uno es seminarista anda con el temor de que cualquier cosa que haga o diga le puedan decir ‘ya no sirves’”.
El P. Cachay contó también que en Trujillo el Obispo Ramis compró una casa “para que los sacerdotes, seminaristas y religiosas se hospedaran mientras estaban de paso. Ahí llegaban Tulio [Montenegro] y Emeterio [Castañeda]. Eran los que más frecuentaban. Se cometían muchas atrocidades”.
Sobre las acusaciones de abusos, el sacerdote dijo que “si bien es cierto para el fuero civil prescribieron, para el fuero eclesiástico es una cosa moral que nunca va a prescribir. La moral nunca prescribe”.
La versión de la casa donde ocurrían las fiestas entre sacerdotes y jóvenes menores de edad en Trujillo, coincide con los relatos de 2016 de Héctor Reyes y Juan Blanco.
“Luego del trago venía el sexo (...) nos pagaban una propina, 20 soles [unos seis dólares]. Eso fue más de un año”, dijo Juan Blanco a la prensa en Trujillo, luego de negarse a declarar ante la comisión investigadora de la Arquidiócesis.
ACI Prensa buscó en distintas oportunidades y por varios medios al P. Ricardo Angulo y a Jorge Manrique Catalán, para obtener su versión sobre las acusaciones en su contra. Nunca recibimos una respuesta.
ACI Prensa también acudió al Seminario de San Carlos y San Marcelo en Trujillo para pedir los archivos de los alumnos y verificar la denuncia sobre el seminarista presuntamente abusado. El P. Nilton Saavedra explicó que los archivos están en el Arzobispado de Trujillo.
Después de una Misa celebrada por Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte el 27 de julio en la Catedral de Trujillo, la periodista de ACI Prensa intentó entrevistarlo personalmente sobre el caso del P. Angulo y otros dos sacerdotes suspendidos –William Costa y Segundo Fernández– sin éxito.
Luego de repetidos intentos y ante el silencio del encargado de prensa del Arzobispado, Juan Andonaire, el 17 de agosto ACI Prensa llamó por teléfono y envió un correo electrónico al Arzobispado de Trujillo con una nueva solicitud de declaración.
Al día siguiente el Arzobispado respondió al correo indicando que “sobre este tema que usted indica, el Arzobispado de Trujillo ya se manifestó de manera contundente e indubitable mediante el comunicado de fecha 12 de julio, el cual le adjunto”.
¿Por qué las víctimas no quieren hablar?
Una fuente en Huamachuco dijo a ACI Prensa que luego de la investigación en el fuero eclesial que comenzó en 2016, las presuntas víctimas ya no querían hablar por miedo al poder político y social de la Iglesia en Trujillo y Huamachuco.
“Iniciaron una persecución contra todas aquellas personas que han apoyado a las víctimas que han declarado. Denunciaron a siete personas en la fiscalía y durante 3 años hemos llevado un juicio. ¿Quién ordenó la denuncia? El Arzobispo de Trujillo y el Obispo de Huamachuco de entonces [Sebastián Ramis]. Los temores están ahí”, dijo la fuente.
El 3 de junio de 2016, el P. Ricardo Angulo Bazauri presentó una denuncia por el delito de asociación ilícita para delinquir, contra Héctor Reyes Prieto, el ahora ex sacerdote Antonio Campos, su hermana Gregoria, y el P. Nery Tocto. Los acusó de generar una campaña mediática para luego extorsionarlo con la afirmación de que participó en fiestas homosexuales.
En su denuncia, el P. Angulo dijo que la acusación contra él era un intento de deslegitimar la comisión investigadora de la Arquidiócesis de Trujillo en la que era delegado.
El P. Angulo indicó que la versión de Reyes Prieto acusándolo de participar en las fiestas se debía a que el sacerdote “era pieza clave para obtener dinero”.
El 3 de mayo de 2018 un juzgado Trujillo archivó la denuncia de Angulo.
“[Mons.] Cabrejos es el Arzobispo de Trujillo, es presidente de la Conferencia Episcopal y del CELAM [Consejo Episcopal Latinoamericano]. Ni siquiera hay una palabra que se refiera a que van a escuchar a las víctimas. Nada, siempre a la defensiva. Cuando se ha dicho alguna cosa al periodismo, de alguna forma se vuelve una persecución contra quienes han denunciado”, indicó la fuente en Huamachuco.
Para la fuente, las presuntas víctimas de abusos en Huamachuco y Trujillo se enfrentan a “un poder aplastante y enfermizo que quiere hacer callar los hechos y las víctimas. Pero no van a poder hacerlo eternamente”.
“Después de que se van ustedes [los periodistas] la gente sigue ahí ante el poder de la Iglesia, se les deja sin trabajo, se les amenaza de muerte”, alertó.
Según la fuente, otra razón para el silencio de las víctimas sería que algunos sacerdotes creen que la Iglesia está dividida en “izquierda” y “derecha”; y que el caso de los escándalos podría ser usado por ACI Prensa para “atacar” a la “izquierda” eclesial y difundir la idea de que no hay un verdadero interés en las víctimas.
ACI Prensa se contactó con Reyes Prieto, quien aceptó una entrevista el sábado 25 de julio junto al P. Esteban Desposorio, otro de los sacerdotes denunciantes, en el local de la defensoría del pueblo en Trujillo. Sin embargo, ni Reyes ni Desposorio llegaron a la cita y ya no contestaron las llamadas telefónicas.
Pese a su ausencia, algunos días después Reyes envió archivos de audio a ACI Prensa con los testimonios que presuntas víctimas grabaron en 2016 e identificó a Jorge Manrique Catalán como el “emisario” que el P. Ricardo Angulo habría enviado para comprar su silencio.
En Lima, el P. Ignacio Gómez T.O.R dijo no conocer ni el número de teléfono, ni el correo electrónico del Prelado Emérito de Huamachuco, Mons. Sebastián Ramis, quien hoy reside en Mallorca (España).
En la sede de los franciscanos T.O.R. en Lima, ACI Prensa preguntó por el P. David Castro Mayurí –absuelto por la comisión investigadora de Huamachuco–, y nos informaron que debido a su edad es “población vulnerable” ante el coronavirus y por eso se encuentra guardando distancia social en otro lugar.
Maximina Tamayo, quien trabajó 24 años como cocinera en la sede de la Prelatura de Huamachuco, declaró a ACI Prensa que las acusaciones contra el Obispo Ramis “son calumnias que le hacen los sacerdotes, quien los ha educado como un padre”.
Tamayo explicó que Mons. Ramis financia desde España el tratamiento de su nieta, en una clínica de rehabilitación física de los hermanos de San Juan de Dios.
Un exsacerdote admite no haber actuado ante una denuncia de abusos
ACI Prensa también buscó insistentemente al actual Administrador Apostólico de la Prelatura de Huamachuco, Mons. Benjamín Rivera Montoya T.O.R., pero no obtuvo respuesta.
En Radio Los Andes, emisora local de Huamachuco, una periodista puso a ACI Prensa en contacto con un exsacerdote dispuesto a contar su experiencia con la condición de mantener en reserva su identidad.
Este exsacerdote admitió haber recibido una acusación contra un sacerdote por tocamientos indebidos en la localidad de Tayabamba y no hacer nada al respecto, cuando formaba parte de la estructura de la Prelatura de Huamachuco.
Al ser preguntado sobre si cuestionó al presbítero aludido, el exsacerdote dijo que no lo hizo porque recibió la denuncia de una tercera persona y no de la supuesta víctima ni de un familiar directo.
¿Es posible abrir un nuevo proceso en el fuero eclesial?
Según canonistas peruanos y estadounidenses no vinculados al proceso de Trujillo y Huamachuco sí es posible abrir un nuevo caso en el fuero eclesial, teniendo en cuenta dos condiciones: que el delito no haya prescrito y que el delito no haya sido juzgado.
Los expertos coinciden en que si hay nuevas evidencias, como por ejemplo que alguien haya cometido otros abusos que no se conocían, entonces esa sería una nueva causa y debe ser tratada como tal.
Al ser preguntados sobre los derechos de las víctimas de conocer los detalles de los procesos en Trujillo y Huamachuco, así como los pasos a seguir en el futuro para prevenir situaciones similares a las denunciadas, los canonistas dijeron que ese “es un tema muy difícil” porque “las actas de un juicio canónico, por la doctrina, principios y lenguaje jurídico son inaccesibles tanto para la prensa secular como para las partes del proceso”.
También explicaron que, de hacerse públicas estas actas, la prensa y las partes involucradas necesitarían la ayuda de un canonista, de lo contrario las interpretaciones y conclusiones que se obtendrían serían muy distorsionadas y en vez de esclarecer el caso, podrían generar más confusión.
Las normas eclesiales que sirven como marco en estos casos son el motu proprio “Como una Madre amorosa” de 2016 y Vos estis lux mundi (Vosotros sois la luz del mundo) de 2019, ambos documentos firmados por el Papa Francisco sobre lo que debe hacer la Iglesia ante las denuncias de abusos sexuales.
Vos estis lux mundi establece que cuando hay denuncias sobre abusos en una diócesis, corresponde la investigación a la Arquidiócesis sede de la provincia eclesiástica.
Los canonistas dijeron que si dicha Arquidiócesis está en cuestión, entonces se debe contactar con el obispo sufragáneo más antiguo de la provincia eclesiástica para que realice la investigación.
Los expertos explicaron que si bien el Nuncio Apostólico o representante del Papa no tiene competencia jurisdiccional sobre los obispos porque no es su superior, sí puede actuar como nexo con el Vaticano. Mediante el Nuncio se puede acudir a uno de los dicasterios competentes: Congregación para los Obispos o Congregación para el Clero.
Consultado por ACI Prensa sobre si estaría dispuesto a ir a la Nunciatura Apostólica para la posible reapertura del caso, Héctor Reyes Prieto dijo: “Yo ya no creo en nadie porque nunca he visto justicia. Yo todo lo dejo en las manos de Dios que es el único en quien confío. Él es el único justo y que nunca se vende”.
El 21 de agosto Reyes comentó que ya no cree “ni en el Papa. Yo creo que si él desea ayudarnos lo hubiese hecho rápido y nos hubiese dado la ayuda a todas las víctimas con ayuda psicológica” pero “no veo ni una iniciativa por parte de la Iglesia”.
“Es por eso que ya no deseo saber nada de este caso. Todo lo dejo en las manos de Dios que él es justo. Más bien gracias por todo. Que el Señor los bendiga y paz a las personas de buena voluntad”, concluyó.
En 2016, Reyes, Nery Tocto, Esteban Desposorio, Agustín García y otros más llegaron hasta la Nunciatura Apostólica en Lima con su denuncia. El Nuncio Apostólico era entonces Mons. James Patrick Green.
El 17 de octubre de 2019, el actual Nuncio, Mons. Nicola Girasoli, que se desempeña en el cargo desde 2017, dirigió una carta a un periodista del diario La República en la que explica que recibió dos comunicaciones de Esteban Desposorio sobre “casos de abusos sexuales y comportamiento homosexual de algunos sacerdotes de la Prelatura Territorial de Huamachuco”.
En su carta, el Nuncio explica que, por su naturaleza institucional y diplomática, la Nunciatura que es la Embajada de la Santa Sede en el Perú, “no es un organismo judicial”, pero sí recibe a todos “y de inmediato alerta a la competente autoridad eclesiástica” y al Ministerio Público de ser el caso.
Mons. Girasoli concluye la carta indicando que para conocer la actual situación de los sacerdotes denunciados, se debe consultar a Mons. Benjamín Rivera Montoya, Administrador Apostólico de Huamachuco, quien no respondió a la solicitud de entrevista de ACI Prensa.
¿Obstaculización de la justicia?
Los canonistas consultados por ACI Prensa coincidieron en que en los casos de Trujillo y Huamachuco, las acusaciones específicas se refieren a “obstaculización de la administración de justicia o negligencia en administrarla por parte de un miembro de la jerarquía. Es decir, en este caso, un obispo diocesano, o su equivalente, cabeza de una Iglesia particular”.
“La cuestión sustancial que afecta a la Arquidiócesis de Trujillo es que es posible que algunos casos no hayan sido tratados de acuerdo a derecho. Es también muy posible que algunos casos hayan prescrito porque la acción penal no es posible de aplicarse a determinados individuos, pero la responsabilidad del superior queda aún en entredicho y ese es un delito distinto del abuso del súbdito. Todo esto se entiende en caso de menores”, señaló uno de los expertos.
En caso de adultos, la situación es más difícil de enfrentar. Se puede alegar abuso de autoridad o amenaza, normados en el canon 1395 o 1389 del Código de Derecho Canónico, pero estos casos prescriben en un máximo de 5 años.
El canon 1395 señala que si un sacerdote comete “un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo, cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o públicamente o con un menor que no haya cumplido dieciséis años de edad, debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera”, mientras que el canon 1389 establece que “quien abusa de la potestad eclesiástica o del cargo debe ser castigado de acuerdo con la gravedad del acto u omisión, sin excluir la privación del oficio”.
En cuanto a los obispos, los canonistas dijeron que la responsabilidad más grande corresponde a los obispos diocesanos o sus equiparados. No así a los obispos auxiliares, obispos titulares y eméritos (jubilados).
Los expertos canonistas advirtieron que cuando el obispo conoce algo debe “indagar inmediatamente cualquier notitia criminis [noticia de un crimen] y a la vez informar de la investigación tanto a los dicasterios romanos como a las autoridades civiles si el abuso o el resultado de la investigación es relevante jurídicamente”.
El canon 1717 establece que siempre que el obispo “tenga noticia, al menos verosímil, de un delito, debe investigar con cautela, personalmente o por medio de una persona idónea, sobre los hechos y sus circunstancias así como sobre la imputabilidad”.
El Vaticano publicó este año el Vademécum o Manual “sobre algunas cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos”, un documento que da claras indicaciones sobre cómo las autoridades eclesiales deben actuar en casos como los de Trujillo y Huamachuco.
Entre otras cosas, el manual en el artículo 17 explica que “incluso en ausencia de una explícita obligación legal, la Autoridad eclesiástica dé noticia a las autoridades civiles competentes cada vez que considere que esto es indispensable para tutelar a la persona ofendida o a otros menores del peligro de eventuales actos delictivos”.
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