BUENOS AIRES,
El Instituto Superior del Profesorado “Juan N. Terrero” de la Arquidiócesis de La Plata, se refirió a la doctora Carmen Argibay, propuesta por el Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia, y advirtió que tiene una “manifiesta voluntad de legalización nacional del aborto”.
Según la rectora del Instituto, Clara Rosa Traversa, la posición abortista de Argibay se desprende de sus declaraciones a la revista “Veintitrés” favorables a la píldora del “día después” y a los métodos anticonceptivos.
“Si seguimos prohibiendo la píldora del ‘día después’ o no enseñamos a la gente cuál puede ser un método anticonceptivo seguro, no vamos a acabar con todas las muertes que se producen cada año por abortos hechos en condiciones terribles”, expresó Argibay en dicha publicación.
Ante ello, Traversa presentó su objeción al Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Béliz, manifestando que “la educación sexual debe ser una educación para la persona humana, que debe darse en el marco de una verdadera escala de valores; que debe llevar a realizar opciones valederas para ejercer una sexualidad responsable y que es necesario que padres y educadores formen al adolescente de tal modo que sepa discernir entre el bien y el mal para el ejercicio de su autonomía y libertad”.
“No considero –agregó Traversa– que la opción propuesta por la doctora Argibay deba ser considerada un aporte que avale su designación en la Suprema Corte de Justicia, sino todo lo contrario. Es objetable no sólo desde el ángulo confesional, sino que atenta contra los principios más valiosos de nuestra Carta Magna y la legislación que siempre nos otorgó una identidad en el contexto de las naciones civilizadas. No es procedente solucionar un mal, muerte por aborto clandestino, con un mal mayor: legalización del infanticidio”.
Asimismo, la rectora del Instituto Juan N. Terrero resaltó que también que “es objetable que la proyección internacional de la doctora Argibay deba ser considerada el principal mérito que justifique tan honrosa designación, si ésta no es vinculante a los principios morales que garanticen el uso ético del poder que otorga al cargo para el que fue postulada”.