Las manifestaciones sociales de Bolivia, llevaron a la Conferencia Episcopal, a la Unión Europea y a la Organización de las Naciones Unidas a exigir "respuestas efectivas en favor de la vida y la defensa de los derechos humanos" de todos los habitantes del país.
Algunos sectores obreros han bloqueado las principales rutas de Bolivia para manifestar, principalmente, su descontento por la nueva fecha de elecciones presidenciales, pospuesta por tercera vez para el 18 de octubre de 2020.
La principal razón para postergar los comicios que elegirían al nuevo presidente de Bolivia tras la renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019, es la pandemia del COVID-19.
El gobierno de la presidenta interina, Jeanine Añez, ha convocado al diálogo entre los actores involucrados y también a la Iglesia Católica como observadora, pero no ha habido resultados.
En un comunicado conjunto difundido por la CEB el 11 de agosto, obispos y los organismos internacionales expresaron que creen "en el diálogo como el instrumento adecuado para construir acuerdos y garantizar un camino de justicia, progreso en paz, entendimiento, salvaguarda a los derechos humanos y respeto entre todos".
"Este es el momento para buscar el bien común, para mirar hacia el futuro, no para poner en peligro la convivencia pacífica, democrática e institucional entre todos los bolivianos y las bolivianas y, menos aún, la salud y la vida de su población", señaló el comunicado titulado "El camino es la paz y el entendimiento".